La explotación minera en el estado Bolívar ha derivado en un modelo de esclavitud moderna que golpea de forma directa a niñas, adolescentes y mujeres, con un aumento alarmante de víctimas menores de edad en los últimos años, advirtió el Centro de Derechos Humanos de la UCAB (CDH‑UCAB), oficina Guayana. Su coordinadora, Eumelis Moya, explicó que esta dinámica se sustenta en la combinación de minería depredadora, presencia de grupos armados y redes de trata de personas, que convierten a las mujeres en mercancía dentro de los campamentos mineros del sur de Venezuela. La organización alerta que el fenómeno configura una crisis humanitaria de género en la región, donde la falta de Estado de derecho y de oportunidades empuja a muchas a aceptar condiciones abiertamente abusivas.
Entre 2020 y 2021, el CDH‑UCAB censó al menos 3.500 mujeres en condiciones de explotación en las zonas mineras de Bolívar, de las cuales 75% eran adultas y 25% niñas y adolescentes. Al inicio de la investigación, en 2018, la mayoría de las víctimas menores tenían entre 12 y 17 años, pero para 2021 ese grupo creció hasta 35%, y se documentaron casos de niñas de apenas 7 y 8 años sometidas a explotación sexual en campamentos mineros. La “esclavitud moderna”, explicó Moya, implica que la persona pierde la capacidad de decidir y es tratada como un objeto, algo que se manifiesta en jornadas extenuantes, control absoluto de movimientos, deudas impuestas y violencia sexual sistemática.
Las redes criminales captan a niñas, adolescentes y mujeres mediante engaños y señuelos, que incluyen promesas de empleo, viajes, operaciones estéticas o productos de alta gama, y luego las trasladan a las minas bajo control de sindicatos armados y grupos irregulares. Una vez allí, muchas son obligadas a trabajar entre 12 y 14 horas diarias como cocineras, limpiadoras o encargadas de tareas domésticas en ranchos improvisados, sin agua potable ni servicios básicos, mientras que otras son explotadas sexualmente en “currutelas” y prostíbulos precarios dentro de los campamentos. El CDH‑UCAB y la Misión de determinación de hechos de la ONU han recogido testimonios sobre subastas de virginidad de niñas a cambio de gramos de oro, agresiones físicas, insultos y golpizas, así como la preferencia de los mineros por víctimas cada vez más jóvenes.
Los informes también describen escenas extremas de violencia y desprotección: desapariciones, mutilaciones y asesinatos de mujeres en las zonas mineras, muchos de ellos vinculados a castigos ejemplarizantes por parte de los grupos armados. Organizaciones como Codehciu documentaron que entre 2012 y agosto de 2020 hubo al menos 77 personas desaparecidas en minas del sur de Bolívar, 13 de ellas mujeres, en un contexto donde el Arco Minero del Orinoco funciona como catalizador de prácticas de explotación laboral y sexual. Moya denuncia que existe una “normalización” de estas prácticas y una ausencia total de protección estatal, en la que, lejos de perseguir a los victimarios, se termina ejerciendo violencia y criminalización sobre las propias víctimas.