La organización SOS Orinoco advirtió que el proyecto de Ley Orgánica de Minas que impulsa el postmadurismo no corrige el desastre del Arco Minero del Orinoco, sino que lo eleva a política de Estado, abriendo la puerta para que el ecocidio deje de ser un crimen tolerado y pase a estar amparado por ley. El texto legal, presentado como una “modernización” del sector, en realidad consolida el mismo modelo extractivista que ha devastado durante una década grandes extensiones de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, y que ha llenado de mercenario, guerrilla, pranes y militares corruptos las riberas de los ríos amazónicos. ONG ambientales y de derechos humanos —entre ellas SOS Orinoco, Provea, Clima 21 y otras 15 organizaciones— advierten que se trata de una ley escrita para blanquear el “oro de sangre”, darle fachada “legal” a la minería depredadora y blindar los negocios de las mafias que ya controlan el territorio.
Una ley sin freno ambiental: la “licencia” para seguir destruyendo
Las organizaciones alertan que el proyecto no exige los estudios de impacto ambiental como requisito obligatorio para otorgar concesiones, sino que los menciona de forma genérica, dejando su aplicación atada a planes de ordenamiento territorial que ni siquiera existen o están desactualizados. Es decir, el Estado se da el lujo de repartir títulos mineros en zonas de altísima fragilidad ecológica sin tener una línea base seria sobre su biodiversidad, sus suelos, sus ríos ni el efecto sobre las comunidades que allí viven. Para los ambientalistas, esto no es un descuido técnico, sino una decisión deliberada: mientras más débil es el control previo, más fácil es seguir entregando áreas a dedo y permitir que empresas, militares y grupos irregulares expriman el territorio sin rendir cuentas.
Peor aún, la ley se limita a hablar de responsabilidad posterior al daño, como si el bosque, los ríos o las vidas humanas fueran cosas reemplazables. No contempla garantías financieras de restauración, no define un régimen serio de cierre de minas, no regula adecuadamente los residuos mineros ni obliga a constituir un fondo de remediación ambiental independiente, financiado por las propias empresas y no deducible de impuestos o regalías. En la práctica, el mensaje es brutal: pueden arrasar, contaminar y abandonar, porque la ley no los obliga ni siquiera a dejar guardado el dinero para intentar reparar algo de lo que destruyan.
Ríos envenenados: mercurio con aval “legal”
El desastre ya está a la vista y documentado. Informes de ONG como Clima 21 y SOS Orinoco han demostrado altas concentraciones de mercurio en los principales cuerpos de agua del sur de Bolívar y Amazonas, producto de la expansión de la minería —en buena medida ilegal— desde la creación del Arco Minero. El mercurio, usado masivamente para separar el oro, es una neurotoxina que se acumula en los peces y en el organismo humano, causando enfermedades renales, trastornos neurológicos, problemas respiratorios, daños en la salud reproductiva y, en casos extremos, la muerte. Comunidades indígenas y ribereñas que dependen de la pesca ahora ingieren, sin saberlo, pescado envenenado, y viven bajo una doble condena: despojadas de su territorio y convertidas en víctimas silenciosas de una contaminación que no eligieron.
Lejos de atacar esta tragedia, la nueva Ley de Minas normaliza el escenario que la originó. No establece controles estrictos sobre el uso de mercurio ni mecanismos obligatorios de monitoreo independiente para medir su presencia en aguas, suelos y organismos vivos. Tampoco garantiza acceso público a la información ambiental, ni ordena auditorías externas que hagan contrapeso a las cifras maquilladas de los despachos oficiales. En otras palabras, el Estado sabe que ya hay 33 ríos afectados, balsas mineras en al menos 16 de ellos, sedimentación acelerada y contaminación que golpea directamente a las poblaciones humanas adyacentes a cuencas como Cuyuní, Caroní y Caura, pero no legisla para frenar la herida: legisla para seguir abriéndola.
El caso del río Caroní es emblemático. SOS Orinoco ha advertido que “todo lo que afecte al río Caroní afectará la vida útil del embalse Guri y el sistema de generación eléctrica vital para Venezuela”. Aun así, la minería —legal e ilegal— sigue comiéndose el bosque en su cuenca, alterando el caudal, aumentando la sedimentación y poniendo en jaque el corazón hidroeléctrico del país, mientras la nueva ley no establece salvaguardas robustas para estas zonas. Es difícil imaginar un suicidio energético más claro: el Estado permite que el oro rápido de hoy comprometa la electricidad de mañana, y lo hace bajo una ley que se presenta como “desarrollo”.
Áreas protegidas en la mira y pueblos indígenas bajo presión
El proyecto excluye formalmente a Parques Nacionales y Monumentos Naturales como zonas para concesiones mineras, pero deja desprotegidas otras figuras clave: Reservas de Biosfera, Zonas Protectoras y Reservas Forestales. Eso significa que una enorme franja de la Amazonía venezolana sigue a merced de la lógica extractivista, en áreas donde los planes de ordenamiento territorial están desactualizados o simplemente no existen. Las organizaciones exigen que la prohibición se extienda a estas categorías, que se actualicen de forma urgente los estudios de impacto y que se refuercen las medidas de protección, pero el texto no va en esa dirección.
También hay serias advertencias sobre los derechos de los pueblos indígenas. Aunque la ley menciona la “previa información y consulta” a las comunidades en cuyos “hábitats” se desarrollen actividades mineras, omite garantías fundamentales como la demarcación efectiva de territorios indígenas y el consentimiento libre, previo e informado, que es el estándar internacional vigente. En la práctica, pueblos que ya han sufrido despojo violento de sus tierras, destrucción de sus formas de vida tradicionales, violencia de género, explotación laboral y hambre, quedan reducidos a un trámite de “consulta” sin poder real de veto frente a proyectos que amenazan su supervivencia física y cultural.
Del Arco Minero a la Ley de Minas: el mismo modelo, ahora blindado
Análisis independientes señalan que el proyecto de ley deroga en el papel la figura del Arco Minero del Orinoco, pero mantiene intactos sus elementos esenciales: alta discrecionalidad administrativa, opacidad, ausencia de controles ambientales serios y concentración del poder económico en las mismas redes político-militares. El proceso de “migración” de los antiguos derechos mineros al nuevo marco queda en manos de la misma estructura estatal que concedió, sin transparencia, los permisos del Arco Minero, lo que garantiza continuidad a los mismos operadores que han lucrado con el desastre.
Para las ONG, esto configura un patrón claro: la Ley de Minas no solo institucionaliza el ecocidio, sino que también facilita el blanqueo del oro extraído ilegalmente, al darle una ruta “legal” para entrar al mercado global bajo el sello del Estado venezolano. El oro que hoy se saca con trabajo forzado, extorsión, violencia armada y destrucción de bosques puede terminar exportado y refinado con papeles en regla, mientras las comunidades que pagan el costo siguen enfermas, desplazadas y rodeadas de ríos muertos.
Las organizaciones firmantes de la carta pública —difundida por Provea y redes aliadas— resumen el problema en una frase: “Esta ley no busca regular la minería, busca blindar un modelo criminal de destrucción del territorio”. No hay prevención, no hay restauración, no hay monitoreo independiente, no hay protección efectiva de áreas sensibles ni respeto pleno a los pueblos indígenas: lo que sí hay es un andamiaje jurídico para que el negocio del oro de sangre continúe, ahora con permiso por ley y con menos posibilidades de rendir cuentas en el futuro.