La Federación Venezolana de Maestros (FVM) denunció la suspensión de nóminas a más de 50.000 docentes en todo el país por parte del Ministerio de Educación, lo que dejó a decenas de miles de familias sin su principal fuente de ingreso de un día para otro. La organización gremial calificó la medida como un acto de “acoso sistemático” y “persecución” contra el magisterio venezolano, en un contexto donde ya existe un déficit de alrededor de 250.000 docentes en el sistema educativo.
La presidenta de la FVM, Carmen Teresa Márquez, explicó que la paralización de los pagos afecta tanto a docentes activos como a jubilados, e incluso a maestros incapacitados y con enfermedades graves, entre ellos pacientes con cáncer terminal, que han quedado sin salario y sin posibilidad de costear tratamientos médicos básicos. Márquez denunció que muchos educadores se enteraron de la suspensión al intentar cobrar y encontrar que simplemente habían desaparecido de la nómina, sin recibir ninguna notificación oficial ni apertura de procedimientos administrativos en su contra.
Según la FVM, la medida se ha aplicado de manera masiva y arbitraria, sin respetar el debido proceso previsto en la legislación laboral venezolana. La gremialista aseguró que el gobierno “ha violentado sistemáticamente la Constitución”, recordando que el artículo 91 consagra el derecho a un salario digno. Al suspender sueldos sin investigación previa ni informes formales, el Ministerio de Educación, afirma, incurre en violaciones graves a los derechos laborales y humanos de los docentes.
La FVM subraya que el golpe llega en medio de una crisis salarial prolongada: los educadores mantienen ingresos congelados desde 2022, muy por debajo del costo de la vida. De acuerdo con datos del Cendas-FVM, la canasta básica familiar supera los 690–700 dólares mensuales, mientras que el salario de un maestro apenas cubre una fracción mínima de ese monto. Ante esta realidad, muchos docentes se han visto obligados a sobrevivir con trabajos informales, dedicándose a la repostería, peluquería, comercio ambulante o servicios independientes para evitar caer en la indigencia.
La federación advierte que la suspensión de nóminas agrava todavía más la ya crítica situación del sistema educativo. Con un déficit de unos 250.000 docentes, aulas sin profesores fijos y deserción laboral por salarios de hambre, cortar el sueldo a quienes aún se mantienen en las aulas implica empujar a más maestros a abandonar el sistema público. En estados como Zulia la FVM reporta que es una de las entidades más afectadas por la medida, con miles de docentes sin cobrar y centros educativos trabajando en condiciones de extrema precariedad.
Frente a este escenario, la FVM ha anunciado que no descarta convocar a un paro nacional de docentes si el gobierno no ofrece respuestas inmediatas y transparentes. El gremio exige la restitución de todos los salarios suspendidos, la apertura de una mesa de negociación para discutir y aprobar una nueva convención colectiva, y un ajuste salarial anclado al costo real de la canasta básica. Además, la organización se sumará a las movilizaciones del 1° de mayo junto a otros sectores laborales, ante el anuncio oficial de un posible aumento salarial que los maestros reclaman que sea “responsable” y acorde con la realidad económica del país.
Para la Federación Venezolana de Maestros, la suspensión masiva de nóminas no solo es una agresión directa al gremio, sino un síntoma de un modelo educativo en colapso, donde se recortan derechos a quienes sostienen las escuelas mientras se proclama, desde el discurso oficial, el compromiso con la “educación de calidad”.