La tragedia del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela puso bajo una lupa crítica a la Gran Misión Vivienda, al evidenciar el colapso y daño severo de múltiples complejos habitacionales construidos bajo ese programa. Expertos y testimonios técnicos señalan que la devastación pudo haberse evitado si se hubieran cumplido las normas Mindur-Covenin, la Ley de Ordenación Urbanística y los estudios de suelos correspondientes.
De acuerdo con análisis difundidos tras el sismo, una oficina dependiente de la Presidencia de la República construyó edificios en terrenos inestables, sin aplicar las prevenciones que establecen las normas técnicas ni los requisitos urbanísticos. El propio ministro Farruco Sesto reconoció que nunca se realizaron estudios de suelos en los lugares donde se levantaron los edificios de la Misión Vivienda, una admisión que refuerza la tesis de una tragedia provocada por decisiones político-electorales.
Tanto los privados como el Estado están obligados a cumplir la Ley de Ordenación Urbanística, pero los edificios construidos bajo la Misión Vivienda nunca contaron con permisos de construcción, ni constancia de cumplimiento de variables urbanas. No hay registro de que los municipios tuvieran a su disposición los proyectos, los estudios de suelo, ni verificación de cumplimiento de la norma Mindur-Covenin, y mucho menos que se hubiesen realizado inspecciones posteriores a la entrega de las viviendas.
El colapso de estos complejos se concentró principalmente en la zona costera de Venezuela, en especial en el estado La Guaira, donde se registraron daños severos y derrumbes parciales o totales de múltiples torres. En medio de la crisis, la versión oficial ha intentado desviar la atención, asegurando que la mayoría de los edificios colapsados eran privados y no del Estado, pero la evidencia técnica apunta a fallas estructurales generalizadas en complejos de la Misión Vivienda.
El principal impulsor del programa, Hugo Chávez, ya no está, pero Farruco Sesto sigue con vida y admitió que no se tomaron en cuenta los estudios de suelo porque querían construir rápido. Mientras expertos piden investigaciones forenses sobre las causas de los colapsos, el gobierno descarta fallas estructurales generalizadas y califica de “ataque mediático” las críticas a la política habitacional chavista.
La tragedia del 24 de junio dejó en evidencia que la prioridad fue la velocidad constructiva y el impacto político, no la seguridad ni el cumplimiento de normas sismorresistentes. Lo que muchos expertos califican como un crimen de lesa humanidad quedó plasmado en los escombros de edificios que nunca debieron haberse construido en esas condiciones.
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