La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció este lunes una política temporal de protección para las instituciones financieras estadounidenses que presten servicios autorizados relacionados con Venezuela. La medida, vigente desde el 27 de julio de 2026 hasta el 29 de enero de 2027, busca facilitar la recuperación económica y la ayuda humanitaria tras los terremotos del pasado 24 de junio.
FinCEN se comprometió a no iniciar procesos de cumplimiento ni citar posibles infracciones contra entidades financieras estadounidenses que participen en operaciones autorizadas en Venezuela, siempre que mantengan sus mecanismos de control y cumplan con las regulaciones vigentes. La disposición está vinculada a las autorizaciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entre ellas las Licencias Generales 57 y 60, que permiten actividades relacionadas con la reconstrucción y asistencia tras la emergencia sísmica.
El organismo aclaró que esta medida no implica el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Venezuela ni modifica las restricciones existentes. Las instituciones que hagan uso de esta protección deberán continuar cumpliendo con las autorizaciones de la OFAC y mantener programas efectivos para prevenir delitos financieros, como el lavado de dinero.
FinCEN precisó que la política no ampara violaciones intencionales o deliberadas de las normas estadounidenses, sino aquellas situaciones en las que las entidades financieras actúen de buena fe y adopten medidas razonables para cumplir con sus obligaciones regulatorias. La decisión responde a la necesidad de facilitar transacciones vinculadas con la asistencia humanitaria, la reconstrucción y la recuperación económica de Venezuela tras los sismos, sin que los bancos estadounidenses enfrenten sanciones automáticas por posibles dificultades de cumplimiento durante esas operaciones autorizadas.
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