Perú atraviesa una intensa semana de movilizaciones que combina el rechazo al alza de combustibles en varias regiones con una gran marcha en Lima contra reformas laborales, marcando la primera crisis de consideración para el gobierno de Keiko Fujimori, apenas dos semanas después de asumir el cargo.
El foco principal de las manifestaciones está en Ucayali, región amazónica donde Fujimori obtuvo un amplio respaldo en las recientes elecciones. Sin embargo, ese apoyo electoral se ha transformado rápidamente en reclamos contra el nuevo Gobierno por el incremento de los combustibles y otras demandas sociales.
La Defensoría del Pueblo informó que mantiene un seguimiento a las protestas y señaló que Ucayali registra actualmente la mayor incidencia de medidas de fuerza, con una huelga indefinida iniciada el pasado lunes. La paralización ha sido encabezada principalmente por transportistas, quienes reclaman medidas para contener el costo de la gasolina y el diésel.
A estas demandas se suman exigencias relacionadas con la seguridad ciudadana, la conclusión de un hospital, la investigación de presuntos casos de corrupción y el rescate de una universidad. La protesta ha sido convocada bajo la consigna «Huelga regional indefinida contra el abandono del Gobierno central».
Las manifestaciones también se han extendido a otras regiones. En Tacna se produjo un paro de transportistas, mientras en Loreto fue bloqueada la carretera Nauta-Iquitos. También se registraron plantones en Arequipa y Puno.
Uno de los principales detonantes de la protesta es el incremento del precio de los combustibles. Según reportes de medios peruanos, el diésel pasó de alrededor de 12 soles a 22 soles por galón, mientras que la gasolina aumentó de aproximadamente 16 a 20 soles por galón.
El Gobierno, entretanto, busca contener el impacto del aumento. El Ministerio de Energía y Minas anunció que coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas la implementación de un subsidio temporal para aliviar el costo de los combustibles en la selva.
La Defensoría del Pueblo advirtió que la paralización ya está teniendo consecuencias sobre la población. Entre las afectaciones reportadas figuran la interrupción del servicio de aseo urbano, dificultades en centros asistenciales, suspensión de actividades escolares y problemas para el abastecimiento de combustibles.
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