Tras la victoria de la fiscal general del estado, Letitia James, en el caso, se estableció un período de espera legal antes de que se pueda iniciar el proceso de cobro. Este plazo llega a su fin el lunes, aunque existe la posibilidad de que se le otorgue a Trump una extensión. La fiscal ha expresado su determinación de hacer cumplir la sentencia, incluso mencionando la confiscación de bienes si Trump no puede pagar.
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Trump ha tratado de evitar depositar una fianza mientras apela, pero los tribunales han rechazado sus intentos hasta el momento. El ex presidente ha expresado su frustración en redes sociales, retratando la situación como un intento de los demócratas de socavar su posible candidatura en 2024.
La confiscación de activos es una opción legal común en casos de multas civiles impagadas. Propiedades como el ático en la Trump Tower, aviones, edificios en Wall Street o campos de golf podrían estar en la mira. Sin embargo, la venta de estos activos podría ser complicada y llevar tiempo.
La deuda de Trump surge de acusaciones de inflar su riqueza en estados financieros, lo que resultó en fraude contra instituciones financieras. Aunque Trump y sus coacusados niegan haber actuado mal, el juez ordenó el pago de 355 millones de dólares más intereses.
Los abogados de Trump argumentan que es imposible que pague la fianza requerida y han solicitado que se congele el cobro mientras se resuelve la apelación, una petición a la que la Fiscalía General se opone. La situación legal del ex presidente sigue siendo incierta mientras espera la decisión del tribunal.
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