Planes en Miami para transición en Cuba tocan debates sobre dinero y reconciliación

A principios de este año, mientras el presidente Donald Trump contemplaba la posibilidad de «tomar Cuba», la pregunta que ha inquietado a la comunidad en el exilio durante décadas —qué sucederá al día siguiente de la caída del régimen comunista cubano— cobró urgencia, impulsando una intensa planificación en Miami para una futura transición cuyos contornos aún no están definidos.

Destacados líderes cubanoamericanos y organizaciones de oposición se apresuraron a presentar su propia visión de una Cuba poscomunista, elaborando un «acuerdo de liberación», una «ley fundamental de transición», un plan de acción para el «Día Cero» y un programa de estabilización económica. Familias cubanoamericanas adineradas se han reunido en una nueva cámara de comercio, listas para invertir cuando la democracia llegue a la isla.

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Mientras trazan planes para el futuro, se han topado con desafíos similares a los que marcaron las transiciones poscomunistas en Europa del Este a finales del siglo XX, desde cómo financiar la reconstrucción de un país cuyas centrales eléctricas, hospitales y carreteras están en ruinas hasta qué hacer con el Partido Comunista.

El auge de la planificación es producto de los acontecimientos de 2026: las fuerzas especiales estadounidenses capturaron al líder venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero. Posteriormente, la administración Trump cortó el suministro de petróleo que abastecía de electricidad a Cuba. También inició conversaciones extraoficiales con el nieto de Raúl Castro. En marzo, Trump declaró a la prensa que esperaba tener el honor de «tomar Cuba de alguna forma».

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Ese tipo de declaraciones se han vuelto menos frecuentes, pero el colapso de la economía cubana y la crisis humanitaria, sumados a los previsibles cambios de liderazgo en un futuro próximo —después de todo, el líder ideológico del país, Raúl Castro, tiene 95 años— exigen una acción urgente, según han afirmado los implicados en la planificación.

» Nadie sabe cómo, de qué manera ni cuál será el resultado», declaró Jorge Mas Santos, presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana y propietario del club de fútbol InterMiami, al Miami Herald. La fundación publicó esta primavera uno de los planes más ambiciosos para Cuba. Como la mayoría, está diseñado para el momento posterior al cambio de régimen.

La propuesta aboga por «una democracia de libre mercado basada en la iniciativa privada», una república constitucional con un poder judicial independiente y un gobierno «limitado, transparente y enfocado en crear las condiciones para el crecimiento, no en dirigirlo». Mas afirmó que, tras reunirse con Trump y el secretario de Estado Marco Rubio a principios de este año, quedó «convencido de que veremos un cambio en Cuba». Por ello, añadió, «quienes estamos afuera debemos mostrar a los cubanos en la isla que existe un camino hacia el cambio y que no tienen por qué temerlo».

El costo de la reconstrucción

Mas estimó las necesidades de capital para la reconstrucción de Cuba entre $40,000 millones y $90,000 millones, y aseguró que recaudar esa cantidad no representa ningún problema. «Esta ecuación no fracasará por falta de capital», afirmó. «Lo que se necesita es un marco legal, un marco de protección e incentivos a la inversión».

Mas, presidente de MasTec, una empresa de infraestructura y construcción con sede en Miami y que figura en la lista Fortune 500, afirmó que los activos de su familia están disponibles para invertir en una Cuba libre. Predijo resultados rápidos: una red eléctrica de primer nivel mundial «en el primer año» y pleno empleo en un plazo de seis meses a un año. «No podemos hablar de una transición de cuatro, cinco, seis, siete u ocho años», declaró.

Rafael Romeu, director ejecutivo de DevTech Systems, con sede en Washington, y expresidente de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, estimó un costo de reconstrucción mucho mayor, de entre $275,000 millones y $375,000 millones en un plazo de 10 a 15 años. El dinero, explicó, provendría principalmente de los cubanos en el extranjero, a quienes denominó «el petróleo de Cuba» y «el único recurso lo suficientemente grande como para reconstruir» la isla.

«Esto no es ayuda», afirmó en un evento organizado por el Museo Americano de la Diáspora Cubana en julio, donde presentó su hoja de ruta Cuba Día Cero. «Es una reconstrucción nacional de toda la economía cubana, financiada por capital privado, no los por los contribuyentes».

Un obstáculo importante es que Cuba no puede contar con la financiación que reconstruyó Europa del Este. Las economías poscomunistas recibieron $165,000 mil millones en apoyo multilateral entre 1990 y 1995. Sin embargo, Cuba no pertenece a las instituciones que lo proporcionaron, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.

La ley estadounidense —la Ley Helms-Burton de 1996— exige que el gobierno de EE. UU. se oponga a la admisión de Cuba en dichas instituciones financieras hasta que el presidente notifique formalmente al Congreso que «un gobierno elegido democráticamente en Cuba está en el poder en La Habana».

«No existe una red de seguridad multilateral desde el primer día», afirmó Romeu. «Y la reconstrucción nacional liderada por USAID, como en Irak o Afganistán, ya no es política de EE. UU.», añadió, refiriéndose a la agencia de ayuda exterior desmantelada por la administración Trump.

Aun así, la Ley Helms-Burton autoriza la ayuda humanitaria y la asistencia a un gobierno de transición para atender las necesidades de «emergencia» de la población. Romeu estima que Cuba necesita entre $180 millones y $270 millones en ayuda estadounidense para estabilizar el país en los primeros seis meses, pagar a funcionarios públicos, policías y médicos, y garantizar el suministro de alimentos y energía.

La recién creada Cámara Nacional de Comercio Cubanoamericana afirmó que sus miembros exigen garantías legales plenas y un gobierno democrático antes de realizar cualquier inversión. Los miembros de la cámara aseguran que el dinero está disponible. Juan Omar Sixto declaró al Herald que, si el grupo alcanza su objetivo de 100 familias cubanoamericanas adineradas, su patrimonio neto combinado ascendería a unos $200,000 millones. En la primera reunión del grupo, celebrada en marzo en Miami, Sixto afirmó que los cubanoamericanos en el exilio están dispuestos a invertir capital en Cuba, pero solo cuando se produzca un cambio real.

Comunistas en la mesa de transición

En una audiencia del Congreso en junio, la representante estadounidense por Miami, María Elvira Salazar, preguntó a Rubio si Washington podría encontrar en Cuba a «otra Delcy», en referencia a Delcy Rodríguez, la exvicepresidenta venezolana que ahora dirige el país como presidenta interina. Rubio afirmó que la administración no ha encontrado «en este momento a una persona en la que podamos confiar plenamente para liderar esta transición de principio a fin». Luego citó las transiciones poscomunistas en Polonia y la República Checa.

«Una de las cosas que hicieron fue preservar ciertas instituciones en su sociedad para brindar estabilidad y continuidad», dijo. Un proyecto de ley de transición redactado por la Asociación de Abogados Cubanoamericanos sigue una premisa similar. Permite a los empleados públicos y funcionarios gubernamentales conservar sus puestos si no estuvieron «significativamente involucrados» en violaciones de derechos humanos y juran lealtad al nuevo orden. Los oficiales militares podrían permanecer en servicio bajo condiciones similares.

El proyecto de ley crea un «Consejo Nacional Pro-Unidad» de 15 miembros que nombraría a un presidente y gabinete interinos. Sus miembros serían seleccionados proporcionalmente de «los disidentes, exiliados y ciudadanos cubanos en general, incluidos los miembros del régimen anterior». La cuestión de si personas del sistema actual deberían ayudar a liderar la transición genera fuertes emociones entre los exiliados cubanos. Las noticias que indicaban que el gobierno de Trump se había puesto en contacto con el nieto de Raúl Castro fueron recibidas con incredulidad y rechazo entre muchos exiliados en el sur de Florida.

«Los incompetentes deben quitarse de en medio: la familia Castro, el aparato burocrático dentro de Cuba», dijo Mas. «Hay que eliminarlos… porque todos son un obstáculo para el progreso».

La activista por los derechos humanos Rosa María Payá, cuyo grupo Pasos de Cambio es uno de los firmantes del Acuerdo de Liberación, un plan de transición que reúne a varias organizaciones opositoras de exiliados cubanos y disidentes en la isla, dijo que el liderazgo actual de La Habana tendría que irse el «día uno». Sin embargo, concede que quienes lideren los esfuerzos de transición necesitarían trabajar con la burocracia gubernamental al principio.

Los firmantes del acuerdo ya han establecido comisiones de trabajo que, dijo Payá, «serán el liderazgo de los departamentos o ministerios durante un período provisional.» Payá, que también forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se opone además a los esfuerzos de la administración de trabajar a través de una figura del gobierno actual, rechazando la visión ampliamente compartida de que no existe una oposición organizada en el país.

«Hoy la oposición, las organizaciones cívicas cubanas, están listas para liderar este proceso,» afirmó. El Grupo de Trabajo sobre Cuba en la Universidad de Harvard, formado mayormente por académicos y activistas cubanos y cubanoamericanos, incluidos dos de Miami y tres de la isla, adopta un enfoque distinto: sus miembros quieren que las autoridades cubanas «tomen la iniciativa en este proceso y se conviertan en facilitadores,» dice su informe. Reconoce que «esta no es una premisa compartida por todos los actores políticos en Cuba y la diáspora.»

El informe ofrece una evaluación demoledora del gobierno de Miguel Díaz-Canel, y su papel en precipitar una crisis humanitaria en la isla. También culpa a la administración Trump por agravarla con sanciones. Pero sostiene que la situación es tan grave que el gobierno cubano «debe» facilitar una transición pacífica, comenzando por una amnistía total para todos los presos políticos y la eliminación de leyes y decretos que criminalizan la disidencia.

El informe recibió una respuesta rápida. Un artículo editorial en el medio independiente cubano 14ymedio argumentó que la propuesta de Harvard corre el riesgo de preservar «el poder del liderazgo responsable de la tragedia nacional bajo una nueva fachada institucional.» La comentarista de derecha Ninoska Perez-Castellón hizo un argumento similar en el periódico de Miami Diario Las Américas, cuestionando también el llamado del informe a que los cubanoamericanos presionen a la administración para terminar con la ley Helms-Burton.

Alejandro de la Fuente, profesor de historia latinoamericana en Harvard University y director fundador de su Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas, fue quien originalmente convocó al Cuba Working Group. En una entrevista, dijo entender por qué muchos cubanos, tanto en EE. UU. como en la isla, rechazan la idea de que el liderazgo actual tenga un papel en una transición.

«No es un mal punto, es un buen punto, pero tenemos que poner esto en marcha primero. ¿Cómo lo ponemos en marcha sin una invasión?», dijo al Herald. «En ningún lugar decimos que el gobierno cubano se va a ocupar de la transición,» añadió. «Decimos que el gobierno cubano debe facilitar este proceso porque está operando en un contexto donde en el que ya tiene muy poca capacidad de maniobra. Estamos apostando por una dosis de realismo, diciéndole a las autoridades cubanas que tomen la iniciativa antes de que sea demasiado tarde y faciliten este proceso —sin asumir que el proceso va a ser guiado por ellos durante todo el tiempo.»

Los críticos dudan que el gobierno cubano acepte la sugerencia. Después de todo, la administración Trump ya presionó para la liberación de presos políticos y cambios en el país, lo que ha sido rechazado repetidamente por el liderazgo cubano, aun cuando las condiciones de vida en la isla empeoran día a día.

De la Fuente insiste que es importante destacar que tales demandas provienen principalmente de los propios cubanos. «Esto que estamos pidiendo es un reclamo del pueblo cubano», dijo. «Soltar los presos no es un tema americano, y el gobierno cubano no debería tratarlo como una cuestión de presión americana. Estamos tratando de desvincular esta agenda, de reubicarla fuera del ámbito de la política exterior de Estados Unidos. No debe ser una concesión a Estados Unidos; no debe ser una concesión en absoluto: debe ser un acto de justicia».

Como era de esperar, el gobierno cubano no recibió con agrado las recomendaciones del informe. En cambio, el canciller Bruno Rodríguez lo criticó duramente, acusándolo de ser «pseudocientífico… una guerra psicológica contra nuestro pueblo» y a sus autores de alinearse con la propaganda del Departamento de Estado.

En declaraciones a la prensa el miércoles en Nueva York, Rubio expresó una propuesta muy similar a la que defiende el grupo de trabajo de Harvard y reiteró que el gobierno preferiría una transición negociada en Cuba. «Obviamente, hay individuos en ese régimen con quienes jamás podremos trabajar porque sus manos están manchadas de sangre, pero hay personas con las que creo que sí se puede trabajar, si están dispuestas a encaminar al país hacia la libertad política y económica», afirmó.

Viejos debates

El debate evoca las críticas que en su momento se dirigieron a Oswaldo Payá, el disidente católico y padre de Rosa María Payá, quien dedicó dos décadas a elaborar planes de transición desde su casa en La Habana. Su programa de transición de 1992 proponía un Consejo Nacional del Gobierno de Transición con igual número de miembros del Partido Comunista y representantes de la oposición.

«El Partido Comunista Cubano no será ilegalizado», afirma el programa. Según el plan de Payá, los cuadros del partido continuarían desempeñando sus funciones, al igual que los ministros y los empleados estatales, quienes responderían ante comisiones de transición. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior dejarían de existir como instituciones, pero sus unidades mantendrían su cadena de mando bajo autoridad civil.

Payá presentó la inclusión tanto como una cuestión de reconciliación como de orden. Comenzó a considerar seriamente una transición en 1989, tras la masacre de la Plaza de Tiananmen en China. «Temía profundamente que pudiera ocurrir lo mismo en Cuba», afirmó David E. Hoffman, excolumnista del Washington Post y autor de una biografía de Payá.

«Parte de esto es controvertido en la actualidad» y no tiene una respuesta clara, señaló Hoffman. «Una limpieza de todos los miembros del antiguo régimen habría sido una calamidad. Si uno se deshace de todos los funcionarios del Estado, va a tener muchas dificultades. Pero si los incluye, entonces tiene que reconciliarse con ellos, y estas dos cosas son muy incompatibles».

¿Una visión de Miami?

Cuando habla de Cuba, Trump suele mencionar a sus amigos cubanoamericanos, los millonarios y multimillonarios que regresarían con gusto a Cuba para reconstruirla. La hoja de ruta de la Fundación Nacional Cubanoamericana afirma que los cubanoamericanos «han acumulado grandes cantidades de capital» y «están deseosos de asociarse con los cubanos que viven en Cuba». El grupo de Harvard califica a Cuba como «una nación transnacional».

Pero el enorme volumen de planificación en Miami también ha suscitado interrogantes sobre el poder y el papel que desempeñarán los cubanos en la isla durante la transición. Tres millones de cubanos emigraron entre 2013 y 2024, según el informe de Harvard, lo que representa una pérdida cercana al 30% de la población. Muchos de los disidentes que antes realizaban este tipo de trabajo dentro de Cuba ahora se encuentran en el exilio o en prisión.

«Actualmente no veo a nadie trabajando a este nivel y con este nivel de detalle en la isla», afirmó Hoffman. «Todavía existe cierta oposición, pero el tipo de trabajo que realizaba Oswaldo parece haber desaparecido». Payá, añadió, «nos dejó con la idea de que el cambio debe surgir desde dentro. Y, sin embargo, Cuba está prácticamente vacía. ¿Está desfasada su idea? Quizás sí».

Los datos de las encuestas sugieren que muchos cubanos acogen con beneplácito la participación de los exiliados. En una encuesta realizada por El Toque, una plataforma digital independiente dirigida por periodistas cubanos en el exilio, el 54% de los encuestados dentro de Cuba afirmó que los exiliados deberían participar en un gobierno de transición en igualdad de condiciones. Otro 25% les otorgaría un papel protagónico, y solo el 6% los excluiría por completo.

Rosa María Payá declaró que el Acuerdo de Libertad se diseñó precisamente para proteger a los cubanos en la isla, respondiendo a la propaganda gubernamental que afirma que «la gente de Miami» vendrá a tomar el poder. «Se trata precisamente de velar por los intereses de quienes históricamente han estado en desventaja. Y esos somos nosotros, los cubanos, y sobre todo los cubanos que están dentro de Cuba», afirmó. «Incluye disposiciones como que nadie será desalojado de su hogar. Este es un problema para los cubanos. Nosotros, los cubanos, tenemos que resolverlo, y lo estamos haciendo lo mejor que podemos».

Sin embargo, los expertos advierten que los planes redactados en Miami y otros lugares probablemente enfrentarán resistencia dentro de la isla. Will Freeman, investigador de estudios latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores, afirmó que en la isla, cualquier plan de transición probablemente será visto por muchos como una amenaza para el precario sustento al que se aferran.

«Las transiciones suelen implicar concesiones de diversa índole, y estas concesiones a menudo son imperfectas», dijo Freeman. «A menos que analicemos qué es lo que realmente se está dispuesto a ofrecer, todo parece un mero ejercicio teórico». Hoffman, quien ha estudiado el colapso de la Unión Soviética, advirtió sobre las expectativas. Las transiciones «básicamente nunca han seguido el plan», afirmó.

En Rusia, las expectativas de la gente eran mucho mayores de lo que la transición podía ofrecer, y después de una década se dieron por vencidos, explicó. El punto de partida de Cuba, añadió, no es 1992, cuando Payá redactó su plan. Desde entonces, el talento se ha esfumado, los militares controlan gran parte de la economía y la familia Castro sigue siendo una dinastía.

«La transición no es solo cosa de grupos de expertos y activistas políticos», dijo Hoffman. «Es algo muy real para la gente en su día a día, y a menudo extremadamente caótico».