Un grupo de 18 estados gobernados por demócratas presentó este martes una demanda en contra del presidente Donald Trump, oponiéndose a su intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos a través de una orden ejecutiva.
La demanda, encabezada por estados como Nueva York, Colorado y California, y apoyada por ciudades como Washington D.C. y San Francisco, alega que el decreto presidencial es «ilegal» y viola la Constitución. Según los demandantes, la Enmienda 14 establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
El decreto firmado por Trump, poco después de asumir su cargo, plantea que las personas nacidas en Estados Unidos de padres indocumentados o con un estatus legal temporal, como una visa de trabajo o turista, no podrán obtener la ciudadanía estadounidense. Los estados demandantes argumentan que el presidente no tiene la autoridad para reescribir o anular una enmienda constitucional y advierten que, de implementarse, esta medida causaría un daño «inmediato e irreparable» a los residentes de sus jurisdicciones.
La eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento impediría, en la práctica, que el Departamento de Estado emita pasaportes a niños nacidos de padres indocumentados y que la Administración del Seguro Social los reconozca como ciudadanos, limitando su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.
La idea de revocar la ciudadanía por nacimiento ha sido una demanda recurrente de grupos conservadores. Durante su primer mandato (2016-2021), Trump ya había amenazado con eliminar este derecho mediante una orden ejecutiva, aunque no llegó a concretarlo.
Para redefinir la ciudadanía por nacimiento de manera formal, sería necesario proponer una enmienda constitucional, un proceso que requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados.
Según un informe de 2018 del Servicio de Investigación del Congreso, la interpretación actual de la Enmienda 14 implica que los hijos de inmigrantes indocumentados son ciudadanos estadounidenses. No obstante, el estudio señala que el Tribunal Supremo no ha resuelto de manera definitiva esta cuestión en la era moderna, dejando abierta la posibilidad de que futuros desafíos legales puedan modificar la interpretación vigente.
Los estados demandantes esperan que la justicia federal rechace el decreto de Trump y reafirme el principio de ciudadanía por nacimiento, un derecho fundamental consagrado en la Constitución de Estados Unidos.
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