El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió el lunes un decreto presidencial para «restaurar» la aplicación de la pena de muerte en el país, instruyendo al fiscal general a garantizar el suministro de los fármacos necesarios para las inyecciones letales en los estados donde se practica la pena capital.
La orden ejecutiva, publicada en la página oficial de la Casa Blanca, describe la pena de muerte como una «herramienta esencial para disuadir y castigar a aquellos que cometen crímenes atroces y actos de violencia letal contra los ciudadanos estadounidenses». Trump subrayó que su administración buscará asegurar que este castigo se utilice en casos extremos para reforzar el mensaje de justicia y seguridad pública.
En el documento, Trump criticó abiertamente la decisión del expresidente Joe Biden de conmutar las penas de 37 de los 40 condenados a muerte durante su mandato. Trump calificó a estos individuos como «violadores, abusadores de menores y asesinos más viles y sádicos», y señaló que la conmutación de sus sentencias fue un acto que ignoró la gravedad de sus crímenes y el sufrimiento de las víctimas.
“Conmutó sus sentencias a pesar de que las leyes de nuestra nación siempre han protegido a las víctimas al aplicar la pena capital a actos bárbaros como los suyos”, afirmó Trump. Además, defendió la constitucionalidad de la pena de muerte, argumentando que la Constitución de los Estados Unidos reconoce explícitamente su legalidad.
El decreto también ordena que la pena de muerte se aplique «en todos los casos en los que sea compatible con la ley aplicable». Esto incluye situaciones donde se cometa un delito capital federal por parte de un extranjero que resida ilegalmente en el país, o en casos donde un agente de la ley sea asesinado, sin importar otros factores adicionales.
Adicionalmente, Trump exigió una revisión de las condiciones de encarcelamiento de los 37 criminales que recibieron cadena perpetua en lugar de la pena de muerte. Según la orden, es crucial que estos individuos sean mantenidos en condiciones que reflejen la gravedad de sus crímenes y las amenazas que representan. «Se deben tomar medidas necesarias para garantizar que estos delincuentes sean encarcelados en condiciones acordes con la monstruosidad de sus crímenes y las amenazas que plantean», enfatizó el presidente.
La medida ha generado un amplio debate en el país, reavivando la discusión sobre la moralidad y la eficacia de la pena de muerte como disuasión del crimen, así como sus implicaciones éticas y legales.
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