La Audiencia Nacional de España encendió las alarmas esta semana tras admitir una denuncia contra Luisa Ortega Díaz y Miguel Rodríguez Torres, dos exfiguras clave del chavismo, por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
La acusación la presentó Dulce Bravo, una opositora venezolana exiliada en Argentina, quien relató haber sido secuestrada y torturada en 2002, durante los días de tensión en la plaza Altamira. Según su testimonio, agentes del Estado la drogaron, golpearon y amenazaron para que revelara información sobre el paradero del general disidente Felipe Rodríguez.
Bravo asegura que Rodríguez Torres, entonces ministro del Interior, intentó sobornarla, mientras que Luisa Ortega Díaz, para ese momento fiscal general, le negó el derecho a declarar cuando fue llevada a tribunales.
Ambos exfuncionarios viven actualmente en España. Ortega pidió asilo en 2021 tras romper con el chavismo y Rodríguez Torres se exilió después de distanciarse del régimen. Ambos están en el radar internacional por su rol en la represión de protestas y la persecución de líderes opositores como Leopoldo López.
El juez Antonio Piña ya pidió a la Fiscalía un informe para determinar si los hechos denunciados encajan en la jurisdicción universal, lo que permitiría a España juzgar estos delitos aunque hayan ocurrido en otro país. Esta figura legal busca evitar la impunidad en casos graves como torturas o genocidio.
Organizaciones españolas como Manos Limpias ya mostraron respaldo a la acción judicial. Si el caso avanza, podría marcar un precedente para procesar a otros exfuncionarios chavistas que se refugiaron en Europa.
¡El mundo empieza a cerrarle el cerco a quienes abusaron del poder!
¿Será este el inicio de una ola de justicia internacional contra el chavismo?
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