Este 9 de julio, el Parlamento Europeo aprobó la inclusión de Venezuela en su lista de países de alto riesgo en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, una medida que endurece los controles financieros desde y hacia el país sudamericano, y que ha encendido la furia del Gobierno de Nicolás Maduro.
La decisión fue adoptada tras una votación en la que los eurodiputados no objetaron la propuesta presentada por la Comisión Europea el pasado 10 de junio. La inclusión de Venezuela se basa en evaluaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo especializado en combatir el lavado de dinero a nivel global.
Según el comunicado oficial, el proceso incluyó visitas in situ, diálogos bilaterales y un análisis técnico detallado del sistema financiero venezolano, al que se le señala por “falta de transparencia” y presuntos vínculos con redes de corrupción internacional.
Con esta medida, los bancos y entidades financieras de la Unión Europea están obligados a aplicar controles reforzados sobre cualquier transacción relacionada con Venezuela, así como con otros países ahora también incluidos: Angola, Argelia, Costa de Marfil, Kenya, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal. Al mismo tiempo, salieron de la lista países como Panamá, Emiratos Árabes Unidos, y Jamaica.
Caracas responde con ironía y furia
La reacción del gobierno venezolano no se hizo esperar. El canciller Yván Gil calificó como “ridícula” la inclusión de Venezuela en la lista y atacó directamente a la Unión Europea, a la que tildó de “burocracia anacrónica, envejecida y desconectada de su gente”.
En un comunicado divulgado en Telegram, Gil expresó: “Lo que sí representa un verdadero riesgo es la incapacidad de la propia Unión Europea para proteger sus intereses, su economía y hasta su dignidad”. Además, acusó a Europa de permitir que “bancos laven dinero en sus propias capitales” y de “mirar para otro lado” mientras operan paraísos fiscales dentro de sus fronteras.
La medida añade un nuevo capítulo a las tensas relaciones entre Caracas y Bruselas, y podría complicar aún más las operaciones internacionales de empresas e instituciones financieras venezolanas.
¿Crees que esta decisión afectará directamente a los ciudadanos venezolanos o solo al gobierno? Te leemos en los comentarios.