La administración Trump ha lanzado la «mayor operación de deportación interna» en la historia de EE. UU., enviando numerosos vuelos de deportación a América Latina y el Caribe. Se menciona la intensificación de las redadas migratorias y la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar algunas expulsiones.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha reportado un fuerte aumento en las solicitudes de Retorno Voluntario Asistido, mientras que Human Rights Watch ha documentado condiciones deficientes en los centros de deportación. La expiración o cancelación de permisos de permanencia humanitaria también está convirtiendo a residentes previamente legales en objetivos de deportación, fomentando una «migración inversa» impulsada por la desesperanza.
A pesar de una notable disminución en los cruces no autorizados hacia EE. UU., muchos migrantes, especialmente venezolanos, regresan a situaciones inestables y peligrosas en sus países, donde persisten las mismas condiciones de inestabilidad política, pobreza y violencia que los forzaron a huir inicialmente.
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