La administración del presidente Donald Trump declaró. Su campaña militar intensificada no está sujeta a la Ley. La ofensiva es contra presuntos narcotraficantes. Ocurre actualmente en Latinoamérica.
La ley federal en cuestión es la Resolución de Poderes de Guerra de 1973. Dicha normativa exige la aprobación explícita del Congreso. Esto es para mantener hostilidades militares. El plazo para dicha aprobación es de sesenta días.
El argumento legal se presentó ante los legisladores. Lo hizo T. Elliot Gaiser. Él es jefe de la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia.
Gaiser afirmó que los ataques no califican. No cumplen con la definición legal de «hostilidades». Estos ataques han causado la muerte de decenas de personas. Ocurrieron en el Mar Caribe y en el Pacífico oriental.
El plazo límite de sesenta días se activó. Se activó tras notificar al Congreso. La notificación fue por un ataque el 4 de septiembre. El plazo vence de manera inminente este lunes.
El gobierno no pedirá una prórroga. Tampoco tiene la intención de solicitar la aprobación. Esta postura ha generado fuertes críticas. Provienen de expertos en seguridad y legisladores.
El argumento principal es de carácter técnico. Un alto funcionario explicó la posición. Indicó que la ley no aplica al caso. Esto es porque el personal militar de EE. UU. no está en peligro real.
Según la administración, las operaciones son seguras. Se utilizan vehículos aéreos no tripulados. Son lanzados desde buques de guerra. Estos buques están en aguas internacionales. Los ataques se realizan a gran distancia. Por lo tanto, la administración concluye que no hay «hostilidades».
Esta interpretación ha sido duramente criticada. Expertos en seguridad nacional la consideran extrema. Consideran que es una manipulación legal.
Brian Finucane fue asesor legal. Trabajó en el Departamento de Estado. Calificó la afirmación como «descabellada». El experto advirtió sobre la usurpación. Dijo que el gobierno usurpa la autoridad del Congreso.
La Constitución otorga al Poder Legislativo la prerrogativa. Es la prerrogativa de declarar el uso de la fuerza militar. El gobierno está ignorando este mandato. Se debilita así el balance de poderes.
Finucane recordó acciones pasadas. Otras operaciones militares a distancia se clasificaron distinto. Mencionó ataques en Yemen en 2016. También los ataques a instalaciones sirias. Sucedió en 2017 y 2018. Aquellas acciones sí activaron la ley.
La polémica legal estalló ahora. Esto ocurre en medio de un gran despliegue militar. La Armada de EE. UU. ha movilizado ocho buques. Es cerca del diez por ciento de su flota desplegada. También se desplegó un submarino. Además, hay un buque de Operaciones Especiales.
Se han realizado sobrevuelos constantes. Estos sobrevuelos se dan cerca de Venezuela. Involucran helicópteros y bombarderos pesados. También se han desplegado aviones F-35 en Puerto Rico.
El presidente Trump ha declarado en ocasiones. Afirmó que los ataques podrían extenderse. Mencionó posibles objetivos terrestres. Esto incluye territorio venezolano. «Sin duda estamos considerando objetivos terrestres», afirmó. Dijo que ya controlan el mar.
Sin embargo, luego desmintió esa idea. Respondió a la prensa sobre ataques. Negó que estuviera planeando atacar a Venezuela. Dijo: «No, no es cierto».
La administración insiste en su justificación. La misión es desarticular el tráfico ilícito de drogas. El objetivo final es proteger la «patria americana». El enfoque principal son los cárteles. Múltiples embarcaciones han sido interceptadas. Muchas fueron destruidas por la fuerza naval.
Según los informes oficiales disponibles. La mayoría de los tripulantes han muerto. La comunidad internacional ha cuestionado. El uso excesivo de la fuerza es preocupante.
La declaración de la administración es clave. Busca evitar un control legislativo directo. Mantiene la operación militar activa. Lo hace sin necesidad de una aprobación formal. Los expertos legales temen el precedente. Es un precedente peligroso para la democracia. Se socava el poder del Congreso.
El debate se centra en una definición. ¿Qué constituye exactamente una «hostilidad»? El gobierno usa una interpretación limitada. La basa en el riesgo físico para las tropas. El Poder Legislativo busca proteger su autoridad. Es su autoridad sobre la guerra. La tensión legal y militar es alta. Los ataques continúan por ahora sin pausa.