El gobierno de España bloqueó el acceso del Congreso a información sobre el papel que pudo desempeñar el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, aprobado en 2021 con fondos públicos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee). Para justificarlo, la Moncloa se amparó en el carácter reservado de los expedientes de ese fondo, una postura que mantiene al menos desde marzo de 2022, cuando el Partido Popular (PP) comenzó a formular preguntas parlamentarias detalladas sobre la eventual mediación del exmandatario.
Según la información citada por el diario ABC, los diputados del PP solicitaron aclarar si Zapatero fue designado interlocutor con Plus Ultra, si participó en reuniones relacionadas con el rescate y en qué condición lo hizo, así como el lugar en que se habrían celebrado esos encuentros. El Ejecutivo evitó responder de forma concreta y remitió argumentos jurídicos basados en el real decreto-ley 25/2020, al considerar que todo lo relativo a los expedientes del Fasee se encuentra protegido por reserva.
Letrados del Congreso consultados por la prensa española cuestionan que esa reserva administrativa se extienda a los hechos planteados por los parlamentarios, ya que las preguntas no buscaban documentación confidencial ni informes técnicos, sino información política básica sobre posibles gestiones o nombramientos vinculados a Zapatero. A juicio de estos expertos, el decreto protege datos internos de los expedientes, pero no debería cubrir la eventual participación de terceros ajenos a los órganos gestores del fondo, por lo que el gobierno habría ampliado de manera indebida el ámbito del secreto y dificultado el control parlamentario.
La estrategia de la Moncloa frente a este asunto ha sido mantener el silencio o utilizar respuestas genéricas en las comunicaciones al Congreso. En 2022, el Ejecutivo reutilizó incluso una contestación emitida en 2021, anterior a las preguntas específicas sobre Zapatero, en la que se limitaba a explicar el funcionamiento del Fasee y a citar jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la reserva de los expedientes, sin confirmar ni negar la implicación del expresidente.
Desde entonces, el gobierno ha esquivado aclaraciones directas no solo ante las iniciativas del PP, sino también de Vox, pese a que las preguntas abarcan un abanico amplio de temas que relacionan a Zapatero con Plus Ultra, el gobierno de Nicolás Maduro, autoridades chinas e incluso la empresa tecnológica Huawei. En algunos casos, la respuesta oficial ha sido que el Ejecutivo “no realiza valoraciones sobre informaciones periodísticas” o que no comenta “las actividades privadas de ciudadanos españoles”, fórmula aplicada incluso tratándose de un exjefe de gobierno.
Un ejemplo de esta línea fue la negativa a profundizar sobre una reunión entre Zapatero y el exministro José Luis Ábalos, reconocida por este último, alegando que no se comentan informaciones aparecidas en la prensa. En otras ocasiones, el gobierno ha invocado el “respeto institucional” como argumento para no responder a las dudas sobre la interlocución del expresidente en asuntos de política exterior o gestiones empresariales sensibles.
En la presente legislatura, el Ejecutivo ha recibido 69 preguntas parlamentarias relativas a Rodríguez Zapatero. De todas ellas, solo ha contestado de manera directa a una, referida a si los viajes del exmandatario en 2024 fueron sufragados con cargo a los presupuestos generales del Estado, a lo que respondió que ninguno de esos desplazamientos recibió financiamiento público.
Esa aclaración, en lugar de cerrar el debate, abrió nuevos interrogantes en el Congreso, entre ellos quién financia entonces los viajes internacionales de Zapatero, incluidos sus desplazamientos a Venezuela y China. Estas dudas se suman a la controversia generada por las informaciones sobre su presunto rol como intermediario en el rescate de Plus Ultra, que sigue sin respuesta oficial precisa pese a las insistentes peticiones de información por parte de la oposición.