El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó un mensaje directo sobre la política de Washington hacia Caracas: no habrá negociación posible con el régimen de Nicolás Maduro, al que describió no como un gobierno, sino como “una estructura criminal” que opera contra los intereses estadounidenses. El alto funcionario insistió en que la prioridad de la Casa Blanca es la Seguridad Nacional, y que no se pacta con redes que, según Washington, mezclan poder político, narcotráfico y alianzas con actores hostiles a Estados Unidos.
Rubio y otros voceros de la administración Trump han repetido la idea de que el chavismo no solo es un régimen autoritario, sino el centro de un entramado de narcoterrorismo y crimen transnacional, con impacto directo en territorio estadounidense. “No reconocemos la legitimidad del régimen de Maduro. Se trata de una organización criminal (…) un peligro constante para Estados Unidos”, es el tipo de mensaje que se ha convertido en línea oficial frente a Caracas.
En este marco, Washington sostiene que el llamado “Cártel de los Soles” ya no es un mito, sino una estructura criminal con sello político, ahora incluso designada formalmente como organización terrorista extranjera (FTO) por el gobierno estadounidense, lo que abre la puerta a nuevas acciones financieras y militares. Según informes y análisis citados en medios y centros de estudio, las autoridades de EE. UU. acusan a altos mandos militares y figuras clave del chavismo de usar al Estado venezolano como plataforma para operaciones de narcotráfico y protección de grupos armados aliados.
La narrativa que se consolida en Washington es que Maduro y su círculo no “conviven” con el crimen organizado, sino que lo dirigen, convirtiendo al país en un “narcoestado” que sirve de base para intereses de Irán, Rusia y China en el hemisferio occidental, además de dar refugio a organizaciones designadas como terroristas. Bajo esta lógica, cualquier intento de diálogo amplio con el régimen es presentado como un gesto de “debilidad” que solo prolongaría la permanencia en el poder de una cúpula que, a juicio de la administración Trump, vive de exportar drogas, corrupción e inestabilidad hacia la región y hacia Estados Unidos.
En paralelo, el Departamento del Tesoro ha intensificado sanciones contra figuras del entorno de Maduro, empresas y navieras vinculadas al negocio petrolero y a esquemas financieros opacos, alegando que esos recursos alimentan un “régimen narco–terrorista”. Las nuevas designaciones incluyen congelamiento de activos, prohibiciones para operar en el sistema financiero estadounidense e identificación de buques que, según Washington, se usan para mover petróleo y dinero bajo prácticas engañosas.
Este enfoque encaja con la estrategia descrita por analistas como una campaña para “desmontar una estructura criminal”, más que para negociar con un gobierno adversario, lo que explica el aumento de operaciones en el Caribe, la presión militar y el uso combinado de sanciones, inteligencia y acciones judiciales contra figuras del chavismo. Desde Caracas, Maduro y sus aliados responden que todo esto forma parte de una “narrativa fabricada para justificar un cambio de régimen”, niegan la existencia del Cártel de los Soles como lo describe EE. UU. y acusan a Washington de utilizar etiquetas de terrorismo y narcotráfico para encubrir objetivos geopolíticos y petroleros.
Mientras aumenta el choque de discursos, el mensaje que sale desde Washington se resume en una línea: “EE. UU. no negocia con estructuras criminales incrustadas en el poder”, y ve al aparato madurista no como un interlocutor político normal, sino como el problema de seguridad que hay que neutralizar, más que como un actor con el que se pueda llegar a acuerdos duraderos.