Argentina elevó el tono contra el gobierno de Nicolás Maduro y exigió la “liberación inmediata” del gendarme Nahuel Agustín Gallo, detenido en Venezuela desde hace más de un año bajo cargos de presunto terrorismo. El reclamo fue encabezado por el canciller argentino Pablo Quirno, quien calificó la detención como “arbitraria e injustificada” y advirtió que el caso se suma a un patrón de violaciones de derechos humanos atribuido al régimen venezolano.
En un pronunciamiento oficial, la Cancillería argentina denunció que Gallo permanece privado de libertad sin garantías judiciales plenas ni acceso adecuado a su familia, lo que Buenos Aires interpreta como una forma de desaparición forzada encubierta. El suboficial fue detenido cuando intentaba ingresar a Venezuela por la frontera terrestre para reencontrarse con su pareja y su hijo pequeño, viaje que, según su familia, formaba parte de sus vacaciones laborales. El Ministerio Público venezolano, sin embargo, lo acusa de estar vinculado con “acciones desestabilizadoras y terroristas” y de formar parte de un supuesto plan para ejecutar operaciones contra altas figuras del chavismo.
El canciller Quirno sumó su voz a una línea dura ya marcada por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quienes han descrito el caso como un “secuestro” y han advertido a Caracas que habrá “consecuencias” si Gallo no es liberado. La posición oficial argentina sostiene que el gendarme viajó con su documentación en regla y que el gobierno venezolano no ha presentado pruebas sólidas que justifiquen la imputación por terrorismo. Para Buenos Aires, el expediente confirma que en Venezuela opera una “maquinaria represiva” que utiliza detenciones arbitrarias como herramienta de presión política.
La tensión diplomática entre ambos países venía escalando desde antes por el asedio a la embajada de Argentina en Caracas, donde permanecen refugiados varios dirigentes opositores venezolanos. Argentina ha denunciado ante foros internacionales que la sede diplomática ha sufrido cortes de electricidad, agua y hostigamiento policial, lo que califica como una violación directa de la Convención de Viena y de los acuerdos sobre asilo diplomático. En este contexto, la situación de Gallo se convirtió en un nuevo detonante que endurece el discurso argentino contra lo que denomina la “dictadura de Maduro”.
El gobierno de Milei ya inició o respaldó acciones ante instancias como la Corte Penal Internacional, donde acusa al régimen venezolano de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones sistemáticas de derechos humanos. En ese marco, la liberación del gendarme se presentó como un punto no negociable en la relación bilateral, mientras Buenos Aires promete profundizar las denuncias penales internacionales si Caracas mantiene al efectivo encarcelado. Venezuela, por su parte, insiste en que Gallo forma parte de un complot extranjero y asegura que su integridad física y psicológica está garantizada y que se respetan sus derechos, posición que Argentina considera insuficiente y cargada de contradicciones.