Un reportaje internacional sobre rutas migratorias irregulares advierte que, mientras todos los migrantes deben pagar a los traficantes de personas por traslados, sobornos y cruces clandestinos, sobre las mujeres recae una carga adicional: en muchos casos se espera que “paguen con sexo” cuando el dinero no alcanza o se agota en el camino. Informes de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) y organizaciones especializadas describen este patrón como una forma de “violación transaccional”, donde el abuso sexual se normaliza como “tarifa” o moneda de cambio a lo largo de corredores controlados por redes criminales y grupos armados.
Según estos estudios, la violencia sexual es una característica común en prácticamente todas las rutas de tráfico ilícito de migrantes, pero afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas, que viajan con menos recursos económicos, menos redes de apoyo y mayor exposición a la extorsión. Los traficantes, coyotes y grupos irregulares aprovechan esa vulnerabilidad para imponer “pagos en especie”, obligar a las mujeres a prestar servicios sexuales para saldar deudas o “pagar” por comida, techo, transporte o simplemente por no ser abandonadas en zonas de alto riesgo.
Organizaciones feministas y de derechos humanos describen este fenómeno como un continuo de violencias que va desde el acoso y las amenazas hasta la trata y la esclavitud sexual, especialmente en pasos fronterizos clandestinos, trochas y campamentos improvisados donde no hay presencia efectiva del Estado ni mecanismos de denuncia seguros. En el caso de las mujeres venezolanas que migran por rutas irregulares, estudios recientes señalan que buena parte ha sufrido algún tipo de agresión sexual o violencia de género durante el tránsito, muchas veces en silencio, por miedo, vergüenza o porque dependen de los mismos agresores para continuar el viaje.