Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon no culpables este lunes ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, en su primera comparecencia formal acusados de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. Tras ser capturados en Caracas y trasladados bajo fuerte custodia a Manhattan, la pareja ingresó a la sala de audiencia como cualquier imputado del sistema penal estadounidense, para escuchar los cuatro cargos que les imputan los fiscales.
En la audiencia, Maduro, de 63 años, intentó mantener su libreto político y afirmó ante el juez Alvin K. Hellerstein: “Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país”. La escena dejó la paradoja en evidencia: un hombre que se define “presidente” mientras comparece vestido de reo, acusado de liderar durante años una estructura de narcotráfico y violencia que, según la acusación, usó el aparato del Estado venezolano para inundar de cocaína el territorio estadounidense.
El escrito de la Fiscalía federal lo presenta como la cabeza de una trama criminal que durante dos décadas habría colaborado con carteles de droga y exguerrilla colombiana, como las FARC, además de grupos como el Tren de Aragua y el llamado Cartel de los Soles, integrando a militares y altos funcionarios en el negocio. No se trata, según el documento, de simples “errores de gobierno”, sino de un esquema organizado que financiaba poder político con dinero de la cocaína, acompañado de secuestros, golpizas y hasta asesinatos de quienes se cruzaban en el camino de la operación.
Cilia Flores, a su turno, también se declaró “completamente inocente”, pese a que la acusación la vincula como cómplice clave en el entramado, incluyendo el cobro de sobornos y la protección de operadores del negocio. La fiscalía recuerda, además, que dos sobrinos de Flores fueron condenados en Nueva York por intentar introducir cocaína en Estados Unidos, un antecedente que los investigadores usan para mostrar que la red no solo era política, sino también familiar.
Durante la breve intervención, Maduro alegó haber sido “secuestrado” en Caracas y presentó el caso como una conspiración para encubrir los supuestos “planes imperialistas” de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano. El juez lo interrumpió y recondujo la audiencia al terreno jurídico, donde ya no cuenta la propaganda sino los cargos concretos, la evidencia y los plazos procesales: la próxima vista fue fijada para el 17 de marzo, y ambos permanecerán detenidos en Nueva York mientras avanza el caso.
Paradójicamente, mientras Maduro repite que “sigue siendo presidente”, la realidad es que ahora es, formalmente, un acusado de narcotráfico y narcoterrorismo sometido a la justicia de otro país, con posibilidad de enfrentar condenas de décadas de prisión si un jurado lo declara culpable. En el sistema penal estadounidense, su título de “presidente” pesa menos que el número de expediente: es un procesado más, que tendrá que defenderse de acusaciones que detallan toneladas de cocaína, armas de guerra y alianza con organizaciones criminales, justo lo contrario de la imagen de “hombre decente” que intentó vender en la sala.