El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) introdujo un giro clave en su narrativa sobre el llamado Cartel de los Soles al actualizar la acusación contra Nicolás Maduro y su entorno: ya no lo presenta como un cartel de drogas formal ni como una organización terrorista estructurada, sino como un sistema de corrupción y clientelismo militar que se nutre del narcotráfico. En los documentos más recientes, el término “Cartel de los Soles” aparece descrito como una etiqueta coloquial utilizada para referirse a redes de altos mandos de la Fuerza Armada y funcionarios venezolanos vinculados a operaciones de cocaína, y no como una entidad con jerarquía única, estatutos o estructura definida al estilo de los grandes carteles mexicanos o colombianos.
Según medios que han tenido acceso a esos escritos judiciales, el DOJ retiró la afirmación categórica de que el Cartel de los Soles existe como organización criminal unificada, aunque mantiene la acusación de que militares venezolanos, identificados históricamente con “los soles” de sus charreteras, participaron en esquemas de narcotráfico junto a Maduro y otros jerarcas chavistas. La fiscalía se centra ahora en sostener que el Estado venezolano fue utilizado como plataforma para conspirar con grupos armados y narcos, sin necesidad de probar la existencia jurídica o estructural de un “cartel” con ese nombre, lo que reduce puntos de ataque de la defensa pero no limpia la imagen del estamento militar.
Este replanteamiento llega después de años en los que informes, filtraciones y reportes de prensa hablaban del Cartel de los Soles como “la organización” que habría manejado gran parte del tráfico de drogas desde Venezuela, y tras la decisión de la administración Trump de designarlo como organización terrorista extranjera en 2025, al vincularlo con exguerrilleros de las FARC y otras estructuras armadas. Ahora, el matiz del DOJ deja claro que, para efectos del juicio, lo importante no es demostrar la existencia de un “cartel” como marca registrada, sino que Maduro y mandos militares participaron en una conspiración de narcotráfico y corrupción a gran escala usando posiciones de poder en el Estado.