La Unión Europea calificó la ley de amnistía general anunciada por el gobierno interino de Delcy Rodríguez como “un paso significativo para acabar con la represión” y avanzar hacia la reconciliación nacional, la justicia efectiva y el respeto a las libertades fundamentales en Venezuela. En una declaración del Servicio Europeo de Acción Exterior, el bloque subrayó que la medida puede contribuir a desmontar el aparato de persecución política construido durante años, siempre que se implemente de forma completa e inclusiva.

Bruselas destacó que la amnistía está dirigida a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad y que excluye a quienes estén procesados o condenados por homicidio, tráfico de drogas y violaciones de derechos humanos, en línea con los estándares internacionales que impiden borrar crímenes graves mediante leyes de perdón. El bloque recordó que la demanda de una amnistía general venía siendo planteada desde hace años por víctimas, ONG y sectores de la oposición como condición mínima para empezar a reconstruir el Estado de derecho en el país.

La UE también valoró el cierre de El Helicoide, identificado por organizaciones de derechos humanos como un centro de torturas y tratos crueles, y el plan del gobierno de transformar esa sede del Sebin en un espacio deportivo, como un gesto simbólico importante hacia el desmantelamiento de las estructuras de represión. Sin embargo, insistió en que estos pasos deben ir acompañados de una reforma judicial profunda que garantice independencia de los jueces, debido proceso y el fin de las detenciones arbitrarias.

En su mensaje, el bloque europeo recalcó que la liberación de presos iniciada por las autoridades venezolanas “debe continuar” hasta que “todos los presos políticos recuperen la libertad”, recordando que, aunque más de 340 personas habrían sido excarceladas desde principios de enero, todavía quedarían centenares tras las rejas. También advirtió que seguirá de cerca el debate y la aplicación de la ley en el Parlamento y en los tribunales, y condicionó la adopción de “pasos concretos” en la relación con Caracas a avances verificables en materia de democracia y derechos humanos.

La UE reiteró que el “único camino hacia la estabilidad” en Venezuela pasa por una gobernanza democrática, elecciones competitivas y el pleno respeto de las libertades civiles y políticas, ofreciendo apoyo a un proceso “pacífico e inclusivo” de restauración institucional. En esa línea, la amnistía es vista como un punto de inflexión tras años de represión, pero no como el punto de llegada: Bruselas deja claro que el verdadero examen estará en cómo se implemente la norma, a quién alcanza y si viene acompañada de cambios reales en el sistema de justicia y en el trato a la oposición y la sociedad civil.

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