Venezuela entra en una fase de transición marcada por anuncios de reformas, una oleada de excarcelaciones de presos políticos y el primer repunte visible en la conversación sobre el retorno de la diáspora, aunque con muchas dudas sobre la profundidad real de los cambios. El análisis de El Nacional sostiene que las señales de apertura conviven con estructuras represivas intactas y con un poder que sigue dependiendo, en gran medida, de lo que decida Washington.
Foro Penal ha verificado 383 excarcelaciones de presos políticos desde el 8 de enero hasta el 5 de febrero de 2026, pero recuerda que miles de personas siguen bajo medidas restrictivas de libertad y que más de 11.000 continúan sometidas arbitrariamente a regímenes de presentación, prohibiciones de salida del país u otras formas de control judicial. Una coalición de 16 ONG, articulada por WOLA, advirtió que la redemocratización “debe comenzar con la liberación inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos” y el desmantelamiento del aparato represivo, alertando contra una transición construida sobre una “selección perversa” donde unos recuperan derechos y otros siguen presos o bajo amenaza.
En paralelo, la nota recoge cómo crece la esperanza del retorno entre millones de migrantes que observan las excarcelaciones, la discusión de una ley de amnistía y la reactivación económica como señales de posible normalización. Sin embargo, analistas citados enfatizan que el regreso masivo solo será viable si, además de liberar presos, el país garantiza seguridad, empleo, servicios básicos y protección frente a venganzas políticas, condiciones que hoy todavía están lejos de consolidarse.