En un análisis jurídico ampliamente difundido en redes sociales, la expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Cecilia Sosa, advirtió que el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática tal como está concebido desconoce la dignidad de las víctimas, confunde responsabilidades y abre la puerta a una amnistía hecha a la medida del poder, más orientada a proteger a victimarios que a reparar a los afectados. En el video, promovido por la cuenta @bloqueconstitucional2023, Sosa sostiene que la amnistía “no puede llamar ‘violentos’ a quienes son las víctimas” y recuerda que su finalidad es reparar y reconocer el daño, no etiquetar ni estigmatizar a quienes han sufrido persecución y violaciones de derechos humanos.
La jurista cuestiona que el texto en discusión parta de una narrativa que diluye responsabilidades estatales, presentando los últimos años de represión y criminalización de la protesta como una suerte de conflicto simétrico entre “bandos” donde todos serían igualmente responsables. Desde su perspectiva, una ley seria de amnistía y reconciliación debería distinguir con claridad entre quienes ejercieron violencia desde el aparato del Estado y quienes fueron objeto de esa violencia, y garantizar verdad, justicia y reparación, en lugar de ofrecer un borrón y cuenta nueva que confunda a víctimas y victimarios.
Sosa subraya la importancia de la dignidad humana como núcleo del debate y alerta contra cualquier fórmula legislativa que, bajo la excusa de la paz o la convivencia, termine revictimizando a quienes han sufrido cárcel, tortura, exilio o persecución solo por ejercer su derecho a la opinión, la crítica o la disidencia. En esa línea, respalda las críticas de familiares y defensores de derechos humanos que denuncian que el proyecto deja fuera a numerosos presos políticos y no incorpora mecanismos efectivos de participación de las víctimas en la construcción de la norma.
Las reacciones al análisis fueron abrumadoramente favorables. Usuarios describen la intervención de Sosa como una “cátedra de experiencia” y un “análisis extraordinario”, resaltando su autoridad moral y su trayectoria como referencia del derecho constitucional en el país. Otros comentarios apuntan al trasfondo político del texto legal, al afirmar que la ley “solo pretende, como fondo único, proteger a quienes hoy están en el poder de facto”, alertando sobre el riesgo de que la amnistía se convierta en un escudo de impunidad más que en una herramienta de justicia transicional.
En tono crítico, varias reacciones contraponen la figura de Sosa —“usted sí estudió, sí fue magistrada, sabe ejercer el derecho y tiene dignidad”— a una Asamblea Nacional descrita como un órgano cruzado por intereses particulares y cálculos de futuro político, no por el compromiso con las víctimas. Otros mensajes reclaman la depuración urgente del Poder Judicial para que no haya impunidad para “los que ejercen la violencia hacia el pueblo”, y coinciden en que el contenido actual del proyecto no garantiza ni justicia ni reparación, sino más bien la consolidación de una transición controlada desde arriba.