Un grupo de más de 150 ciudadanos venezolanos, entre ellos académicos, exministros, diplomáticos, activistas y ex altos mandos militares en retiro, presentó una comunicación formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) para exigir celeridad en la investigación de los crímenes de lesa humanidad atribuidos a las autoridades venezolanas. El documento, dirigido a la jueza Tomoko Akane, presidenta de la CPI, pide que se aplique de manera urgente el Estatuto de Roma frente a la persistencia de detenciones arbitrarias, persecución política sistemática y graves violaciones de derechos humanos en el país.
La comunicación alerta que en Venezuela prevalece un sistema judicial sin independencia ni imparcialidad, lo que impide cualquier expectativa de justicia efectiva para las víctimas. Por ello, los firmantes invocan el principio de complementariedad del Estatuto de Roma y recalcan que la CPI debe intervenir como tribunal de último recurso, ante la incapacidad o falta de voluntad del Estado venezolano para investigar y sancionar a los responsables. En el texto se sostiene que, pese a denuncias presentadas durante años, “las autoridades nacionales no han emprendido ninguna acción genuina” para identificar y procesar a los presuntos autores de estas violaciones.
Los solicitantes denuncian expresamente el uso de organismos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) como brazos ejecutores de una política de torturas, tratos crueles, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias contra opositores, activistas, militares disidentes y ciudadanos comunes. Esta dinámica, remarcan, se ha mantenido incluso después de la caída de Nicolás Maduro y en medio de la supuesta transición política, lo que demuestra la continuidad de un aparato represivo estructural más allá de los cambios de liderazgo.
En la carta se pide que la CPI fortalezca la investigación formal abierta en 2021 sobre la “Situación en Venezuela I”, que evalúe la responsabilidad penal individual de las autoridades sin excepción de rango y que garantice la reparación integral de las víctimas. Los firmantes subrayan que han pasado casi diez años desde que comenzaron a documentarse sistemáticamente los abusos más graves y, sin embargo, las víctimas siguen sin una respuesta efectiva ni dentro del país ni en el ámbito internacional. Esta demora, advierten, solo contribuye a profundizar la impunidad estructural y la sensación de abandono entre quienes han sufrido persecución, torturas y pérdida de familiares.
La iniciativa se suma a otras acciones impulsadas en los últimos años por víctimas, abogados y organizaciones de derechos humanos, que han acudido a La Haya para presionar por avances en la causa venezolana. En 2025, por ejemplo, un grupo de venezolanos llegó a iniciar una huelga de hambre frente a la sede de la Corte, precisamente para exigir que el tribunal acelerara la investigación y dejara de postergar decisiones clave frente a los crímenes atribuidos al régimen de Maduro. Para los firmantes de la nueva carta, el mensaje a la CPI es inequívoco: “no pedimos compasión, pedimos justicia”, y esa justicia no puede seguir difiriéndose sin que se destruyan las esperanzas de verdad y reparación.