Estados Unidos imputó al capitán de un buque petrolero que fue perseguido durante varias semanas por fuerzas estadounidenses en el Atlántico, después de que la nave fuera interceptada cuando se dirigía a recoger petróleo en Venezuela, según reveló un reportaje de The New York Times citado por medios como La Patilla. Se trata de Avtandil Kalandadze, de nacionalidad georgiana, quien enfrenta dos cargos federales en el marco de la campaña del presidente Donald Trump para endurecer el cerco contra el comercio de crudo venezolano.
La acusación sostiene que Kalandadze ordenó izar una bandera falsa de Guyana en el buque, originalmente llamado Bella 1, pese a que el navío no estaba registrado en ese país, con el objetivo de esquivar una posible incautación por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos. Según la denuncia presentada el 12 de febrero, el capitán también habría desobedecido de forma reiterada las órdenes de detener el barco para permitir el abordaje de las fuerzas estadounidenses, lo que convirtió la operación en una persecución prolongada a través del Atlántico.
El reportaje detalla que el buque, que navegaba por el mar Caribe rumbo a Venezuela para cargar petróleo, cambió de rumbo y se internó en el Atlántico tras el primer contacto con la Guardia Costera. En medio de la huida, la nave fue rebautizada como Marinera, se registró en Rusia y la tripulación llegó a pintar una bandera rusa en el casco, asegurando que ahora estaba bajo la protección de Moscú. Aun así, las autoridades estadounidenses mantuvieron el seguimiento hasta lograr interceptar y abordar el petrolero cerca del Reino Unido el pasado 7 de enero, donde finalmente fue incautado y su capitán detenido.
Para Washington, el caso del Bella 1/Marinera encaja en el patrón de la llamada “flota fantasma”, un conjunto de petroleros que operan con banderas de conveniencia, cambios de nombre y rutas opacas para transportar crudo de Venezuela, Irán o Rusia sorteando el régimen de sanciones. El propio New York Times subraya que esta es la primera vez que las acciones de la administración Trump contra el sector petrolero venezolano se traducen en acusaciones penales directas contra un capitán, más allá de las tradicionales sanciones financieras y confiscaciones de barcos y cargamentos. Hasta la fecha, Estados Unidos ha intervenido al menos otros ocho buques vinculados al envío de petróleo venezolano o iraní, dentro de una estrategia para controlar los flujos de crudo que sostienen a gobiernos aliados de Moscú y Teherán.
En el plano diplomático, Rusia intentó interceder a favor del petrolero alegando que, una vez registrado bajo su pabellón, el buque debía considerarse protegido por Moscú, y presentó gestiones formales para pedir a Estados Unidos que detuviera la persecución. Sin embargo, esa presión no impidió que el barco fuera finalmente abordado y confiscado, ni que se consolidara la acusación contra Kalandadze en tribunales estadounidenses. Para expertos en derecho internacional, el caso añade un nuevo capítulo a la tensión energética y geopolítica en torno a Venezuela: los barcos que intentan cargar crudo en puertos venezolanos ya no solo se arriesgan a sanciones económicas, sino también a procesos penales y largas disputas legales, como la que ahora enfrenta el capitán georgiano.