La organización Human Rights Watch (HRW) urgió al gobierno de Delcy Rodríguez a desmantelar el “aparato represivo” del Estado venezolano y a emprender reformas electorales, judiciales y legales de calado que garanticen la celebración de elecciones realmente libres y justas, y no una simple “transición simulada” tras la caída de Nicolás Maduro. La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, advirtió que sin cambios profundos en leyes e instituciones, cualquier proceso electoral solo serviría a los intereses de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, pero no reivindicaría los derechos del pueblo venezolano.
Según el comunicado difundido por la ONG, las autoridades “deben llevar a cabo reformas reales de sus leyes e instituciones judiciales y electorales”, porque “cualquier otra cosa equivaldría a una transición simulada”. HRW recordó que en la última década Venezuela ha celebrado “elecciones injustas”, marcadas por inhabilitaciones, uso del aparato estatal a favor del oficialismo y represión sistemática contra opositores y críticos. La organización subrayó que, de acuerdo con el análisis de actas electorales de los comicios de 2024, la oposición encabezada por Edmundo González y la premio Nobel de la Paz María Corina Machado debió imponerse en esas presidenciales, lo que contrasta con los resultados oficiales que mantuvieron a Maduro en el poder.
HRW insistió en que el gobierno de Rodríguez debe adoptar medidas inmediatas para crear las condiciones necesarias para unos comicios libres, lo que incluye revisar la composición del Consejo Nacional Electoral (CNE). La ONG recordó que los actuales rectores del CNE avalaron la reelección de Maduro y previamente impidieron el registro de candidatos opositores, entre ellos el caso emblemático de María Corina Machado, bloqueada pese a ser la principal figura de la oposición. En ese contexto, el mensaje es claro: sin un árbitro electoral independiente, hablar de elecciones libres sería, según HRW, poco más que un eslogan.
Otra de las exigencias centrales del informe es restaurar la independencia del Poder Judicial y destituir al fiscal general Tarek William Saab, a quien HRW vincula con el uso del sistema penal para perseguir disidencias y encubrir violaciones de derechos humanos. La organización reclamó además derogar un conjunto de leyes que han servido de soporte jurídico a la represión, entre ellas normas de “antiterrorismo” y figuras vagas como el delito de “instigación al odio”, utilizadas para criminalizar protestas, activismo y crítica política. Estas herramientas legales, advierte la ONG, han permitido una arquitectura de control que combina detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y procesamiento selectivo de opositores.
En su pronunciamiento, HRW valoró como un “alivio importante” la reciente excarcelación de cientos de presos políticos en Venezuela, pero dejó claro que se trata de un gesto insuficiente mientras los mecanismos que permitieron esas detenciones sigan intactos. La organización recordó que, tras las presidenciales de 2024, la respuesta del Estado y de grupos armados progobierno incluyó asesinatos de manifestantes y transeúntes, más de 2.000 detenciones y múltiples desapariciones forzadas, lo que demuestra que el aparato represivo sigue plenamente operativo. En consecuencia, la liberación de algunos detenidos no puede, a juicio de HRW, sustituir las reformas estructurales que exige una transición democrática genuina.
HRW también pidió al gobierno de Rodríguez reabrir por completo el país a la supervisión internacional de derechos humanos, empezando por permitir que el alto comisionado de la ONU restablezca su oficina en Caracas, clausurada en 2024, y que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tengan acceso sin restricciones al territorio. Según la organización, estas instancias resultan claves para documentar abusos, preservar evidencias y acompañar un eventual proceso de justicia y rendición de cuentas. Solo con la combinación de reformas internas profundas y vigilancia internacional efectiva, concluye HRW, Venezuela podrá encaminarse hacia unas elecciones libres que no sean otra fachada de una transición controlada desde el poder.