El principal abogado del expresidente Nicolás Maduro, el penalista estadounidense Barry Pollack, denunció ante un tribunal federal que el gobierno de Estados Unidos está impidiendo que pueda cobrar sus honorarios, a pesar de que —según él— esos pagos ya fueron comprometidos por el Estado venezolano para cubrir la defensa del exmandatario acusado de narcotráfico en Nueva York. En una carta enviada al juez Alvin Hellerstein y revelada esta semana, el jurista sostiene que el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), bloqueó la autorización que permitía al equipo legal recibir dinero del gobierno de Caracas, que sigue bajo sanciones financieras de Washington.
Pollack afirmó que solicitó una licencia especial a la OFAC para poder cobrar los honorarios desde fondos estatales venezolanos, condición necesaria dado que tanto Maduro como las autoridades de Venezuela se encuentran sometidos a un régimen de sanciones que congela activos y exige permisos específicos para cualquier transacción. De acuerdo con su relato, la OFAC inicialmente dio luz verde para representar tanto a Maduro como a su esposa Cilia Flores, pero esa autorización fue revocada pocas horas después en lo que respecta exclusivamente a Maduro, dejando en el aire quién pagará la factura de su defensa en el caso de Nueva York.
En la misiva, fechada el 20 de febrero, Pollack acusa a las autoridades estadounidenses de “obstaculizar” el derecho de su cliente a contar con un abogado de su elección y cita la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos como base de su queja. “Al negarse a autorizar al gobierno venezolano a pagar los gastos de defensa del señor Maduro, la OFAC limita su capacidad para contratar un abogado y, en consecuencia, su derecho constitucional a ser representado por el abogado de su elección”, escribió el defensor al juez Hellerstein. Asegura, además, que Maduro “no puede costearse de otro modo un abogado”, por lo que insiste en que Caracas está “obligada” a asumir los costos del proceso.
El trasfondo de esta disputa es un expediente de alto impacto político y judicial. Maduro y Cilia Flores fueron trasladados por la fuerza a Estados Unidos a principios de enero, tras ser capturados en Caracas durante una operación militar estadounidense que puso fin a su permanencia en el poder y los condujo a una cárcel federal en Brooklyn. Ambos enfrentan cargos formales por narcotráfico ante un tribunal de Manhattan y su próxima comparecencia está fijada para el 26 de marzo, en una causa que Washington ha presentado como ejemplo de su ofensiva contra el crimen transnacional y las redes de drogas ligadas al antiguo círculo gubernamental venezolano.
Por ahora, Pollack no ha pedido al juez que dicte una orden directa contra el gobierno de Estados Unidos, pero dejó claro que podría hacerlo en cuestión de días si la OFAC no restituye la licencia original. En su carta, advierte que si el Tesoro no responde a la solicitud o decide rechazarla formalmente, la defensa de Maduro presentará una moción para que el tribunal intervenga y evalúe si la política de sanciones está interfiriendo con las garantías procesales mínimas que debe tener todo acusado en el sistema judicial estadounidense.
El debate abre una grieta delicada entre dos principios: por un lado, la estrategia de sanciones financieras aplicada durante años contra el aparato estatal venezolano y, por otro, el estándar básico de derechos en un juicio penal federal, incluso cuando se trata de quien fuera señalado durante años como jefe de un entramado de narcotráfico y corrupción. Pollack argumenta que, si el Estado venezolano es el empleador y responsable jurídico de la figura presidencial, entonces debe poder usar sus recursos para cubrir la defensa, aun cuando esos fondos estén bajo el paraguas de las sanciones.
Los órganos estadounidenses, en cambio, parecen marcar una línea: que los recursos públicos de Venezuela —todavía congelados o controlados en distintas jurisdicciones— no se conviertan ahora en la chequera para financiar la estrategia judicial del exmandatario acusado de delitos de narcotráfico. De hecho, medios estadounidenses y europeos subrayan que la revocatoria de la licencia respecto a Maduro, pero no a Flores, sugiere una decisión política deliberada de no permitir que el principal acusado disponga de fondos estatales para un proceso en el que la Fiscalía lo presenta como beneficiario directo del desvío y manejo opaco de esos mismos recursos.
Mientras tanto, el caso avanza en paralelo a la recomposición del poder en Caracas, donde nuevas autoridades intentan tomar distancia del legado de Maduro al tiempo que lidian con demandas, juicios y reclamaciones que involucran miles de millones de dólares en activos del Estado venezolano en el extranjero. La batalla por quién paga la defensa del exgobernante no es solo un asunto contable: es también un capítulo más de la disputa sobre a qué se pueden destinar los recursos de un país que sigue en crisis y bajo un complejo esquema de sanciones y licencias.
Mientras Pollack insiste en que su cliente tiene una “expectativa legítima” de que Venezuela cubra sus honorarios, el Tesoro, por ahora, mantiene la línea roja: impedir que dinero público de un país empobrecido y sancionado se use para financiar al hombre que hoy se sienta en el banquillo de los acusados por narcotráfico en Nueva York. La decisión final, si llega a manos del juez, podría terminar marcando un precedente sobre hasta dónde pueden llegar las sanciones cuando chocan de frente con el derecho a la defensa, incluso en el caso más incómodo de todos: el de un exjefe de Estado señalado como narcodictador por buena parte de la comunidad internacional.