El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) colocó a Cilia Flores en el centro del engranaje criminal del chavismo al describirla como la “estratega” de la estructura que habría operado durante años alrededor de Nicolás Maduro para traficar cocaína, usar bandas armadas y ordenar secuestros, golpizas y asesinatos vinculados al negocio de la droga. Una nueva acusación formal, presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York y divulgada tras la captura de la pareja en Caracas, señala que no se trataba solo de una “primera dama”, sino de una pieza clave en el diseño y operación del esquema delictivo.
Según el texto citado por medios como La Tercera y NTN24, Flores enfrenta cargos por conspiración para narcotráfico, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y posesión ilegal de armas de fuego y artefactos destructivos. El documento sostiene que entre 2004 y 2015, aproximadamente, Maduro y Flores colaboraron para traficar cocaína, gran parte de ella previamente incautada por autoridades venezolanas, usando escoltas militares armadas y estructuras estatales para garantizar el movimiento de los cargamentos.
El DOJ detalla que Flores “diseñó una red de tráfico ilegal de cocaína” y fue la estratega de lo que describe como una estructura criminal apoyada en sectores del Estado venezolano, conectada con el entramado conocido como “Cartel de los Soles”. Aunque la nueva imputación matiza la idea de ese cartel como organización formal y lo presenta más bien como un sistema de patronazgo y corrupción narco dentro de las Fuerzas Armadas, la acusación mantiene que tanto Maduro como Flores se beneficiaron y protegieron ese esquema durante años.
El documento judicial afirma que Maduro y Flores ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos contra personas que les debían dinero por drogas o que amenazaban sus operaciones. Entre esos hechos, los fiscales mencionan el asesinato de un capo local en Caracas como ejemplo de cómo la pareja habría utilizado la violencia para mantener el control sobre rutas, pagos y socios del negocio.
La acusación describe también cómo Maduro, su hijo Nicolás Maduro Guerra, Cilia Flores, Diosdado Cabello y otros aliados se asociaron con organizaciones criminales como las FARC, el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y otros grupos narco para enviar hasta 250 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica. Para los fiscales, la administración que encabezaba Maduro funcionó como un “gobierno corrupto e ilegítimo” cuya estructura se alimentaba de la narcorenta para sostenerse políticamente.
En lo que respecta específicamente a Flores, el DOJ asegura que aceptó cientos de miles de dólares en sobornos para facilitar una reunión entre un narcotraficante y el entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, lo que derivó en nuevos pagos y en el uso del aparato estatal para garantizar la salida de cargamentos de cocaína. La acusación sostiene que parte de esos sobornos se habría repartido entre Flores y el funcionario antidrogas, también imputado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
La nueva imputación de enero de 2026 sustituye y amplía la de 2020: mantiene a Maduro como acusado central, incorpora formalmente a Cilia Flores como procesada, incluye a su hijo y a figuras como Héctor “Niño Guerrero”, cabeza del Tren de Aragua, y agrega cargos de narcoterrorismo y armas. Aunque se suaviza la referencia al “Cartel de los Soles” como organización, el texto insiste en que el término describe un sistema de corrupción militar y política alimentado por el negocio de la droga, que ambos habrían protegido y explotado.
Medios especializados en justicia estadounidense señalan que, si Flores decide ir a juicio y es hallada culpable, podría enfrentar cadena perpetua; si opta por declararse culpable y colaborar con la justicia, las penas podrían oscilar entre 20 y 30 años de prisión, según los rangos indicados por juristas consultados. En cualquier caso, la nueva acusación eleva su perfil de simple acompañante política a corresponsable penal de una conspiración internacional de droga y violencia, con énfasis en su papel de planificación y coordinación.
El DOJ enmarca este caso dentro de una estrategia más amplia contra lo que define como un ciclo de corrupción impulsado por la cocaína, en el que funcionarios venezolanos “utilizaron su autoridad gubernamental para facilitar actividades criminales” y, al mismo tiempo, permitieron que grupos narcoterroristas operaran desde Venezuela y usaran su territorio para producir, proteger y transportar toneladas de droga hacia Estados Unidos. Para los fiscales, el rol de Flores demuestra que la familia presidencial no era solo beneficiaria pasiva, sino actora directa en la toma de decisiones criminales.
Con esta imputación, Cilia Flores pasa oficialmente de ser vista como la figura política más poderosa del entorno de Maduro a ser presentada por la justicia estadounidense como la arquitecta de una estructura criminal, lo que complica cualquier escenario de negociación judicial futura y la coloca en el mismo nivel de riesgo penal que el propio exmandatario.