El depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores informaron a un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York que no tienen recursos para pagar su defensa en el caso de narcotráfico que enfrentan en Estados Unidos y se declararon dispuestos a presentar pruebas de “incapacidad financiera” para respaldar esa afirmación. A través de sus abogados, Barry Pollack y Mark E. Donnelly, la pareja sostiene que no puede costear los honorarios de su equipo legal y pide que se autorice al Estado venezolano a asumir esos gastos, a pesar de las sanciones y las restricciones que pesan sobre sus bienes. El planteamiento llega mientras continúa el proceso ante el juez federal Alvin Hellerstein, que tiene fijada una nueva audiencia para el 26 de marzo en Nueva York.
La defensa argumenta que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha bloqueado la licencia necesaria para que Venezuela pague los honorarios de los abogados, incluso cuando —afirman— en otros casos se ha permitido que terceros sancionados financien la defensa de personas también sancionadas. Según los escritos enviados al tribunal, esta negativa violaría la Sexta Enmienda, que garantiza el derecho a un abogado de elección, y la Quinta Enmienda, relativa al debido proceso, porque los obligaría a aceptar un defensor público que no escogieron. La defensa incluso sugiere que, si no se corrige esta situación, el juez debería sobreseer el caso al considerar que continuar el proceso en estas condiciones sería inconstitucional.
El relato de “incapacidad financiera” choca con la ofensiva judicial abierta en Suiza, donde el gobierno ordenó congelar con efecto inmediato y por cuatro años las cuentas y activos de Maduro, Flores y su entorno, para “impedir cualquier fuga de capitales” tras la captura del exmandatario el 3 de enero. De acuerdo con datos difundidos por autoridades helvéticas y reseñados por agencias internacionales, Suiza mantiene bloqueados 687 millones de francos suizos —unos 880 millones de dólares— en activos vinculados al entorno de Maduro, incluidos fondos relacionados con su esposa y allegados, en el marco de un régimen de sanciones y medidas preventivas contra capitales de origen sospechoso. El Consejo Federal ha señalado que, si se confirma que esos recursos proceden de actividades ilícitas, buscará que sean restituidos en beneficio del pueblo venezolano.
Estas decisiones se suman a las sanciones que Suiza aplica desde 2018 contra altos funcionarios venezolanos y que ya contemplaban bloqueo de activos, restricciones financieras y cooperación en eventuales procesos penales internacionales. Tras la detención de Maduro y Flores y su traslado a Estados Unidos, el país europeo reforzó ese cerco con una orden específica de congelamiento de bienes, que tendrá vigencia de al menos cuatro años, mientras avanzan las investigaciones sobre el origen de los fondos. En ese contexto, las alegaciones de “no tener dinero para pagar abogados” contrastan con las cifras manejadas por las autoridades suizas sobre el volumen de capitales vinculados al entorno del exgobernante, hoy bajo la lupa por presunto narcotráfico y corrupción.