El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) presentó su más reciente balance sobre la situación del periodismo en el país y dibujó un panorama de profunda hostilidad contra la libertad de expresión. La organización documentó 139 violaciones al ejercicio del periodismo y al derecho a la información durante 2025, en un contexto marcado por el miedo, la censura y la criminalización de quienes informan. Según el informe, informar en Venezuela se ha convertido en una actividad de alto riesgo, en la que el Estado utiliza de forma sistemática aparatos policiales, militares y judiciales para intimidar y controlar el flujo de contenidos independientes. IPYS advierte que el periodismo venezolano entró en una fase de clandestinidad, con reporteros que se ven obligados a ocultar su identidad, reducir su presencia en la calle y modificar rutinas para evitar agresiones o detenciones arbitrarias.
Uno de los datos más alarmantes del reporte es el registro de 25 trabajadores de la prensa privados de libertad durante 2025, la cifra más alta documentada en un año calendario en Venezuela. IPYS sostiene que el encarcelamiento se consolidó como un mecanismo de intimidación colectiva: “la cárcel genera miedo y el miedo genera autocensura”, resume el estudio. A esto se suman detenciones arbitrarias, desapariciones de corta duración, violaciones al debido proceso y restricciones al contacto con abogados y familiares, prácticas que elevan los costos personales de ejercer la profesión. Organizaciones de libertad de expresión han insistido en que estos patrones vulneran compromisos internacionales suscritos por el Estado venezolano y apuntan a una política sistemática de silenciamiento de voces críticas.
El factor miedo aparece como un elemento estructural en el oficio periodístico. De acuerdo con los hallazgos de IPYS, 83% de los periodistas declaró que ha cambiado su forma de trabajar, 89,7% realiza más labores remotas que presenciales y 80% ha optado por ocultar su identidad en publicaciones para reducir el riesgo de represalias. En la práctica, esto significa menos firmas en los trabajos, mayor uso de fuentes anónimas y una cobertura más limitada de temas considerados “sensibles”. IPYS explica que el miedo no solo se expresa en agresiones directas, sino también en el cálculo permanente sobre qué publicar, cómo hacerlo y hasta dónde se puede llegar sin provocar una reacción del poder.
El informe también alerta sobre el debilitamiento del ecosistema mediático venezolano. La combinación de persecución judicial, exilio forzado, precarización económica de los medios y reducción de equipos de trabajo ha reducido la capacidad de cobertura en todo el territorio. A esto se suman bloqueos digitales impuestos por el Gobierno a través de proveedores de internet locales y una vigilancia constante de opiniones en redes sociales, lo que limita el alcance de los contenidos y refuerza el efecto inhibitorio. Para IPYS, la censura ya no se mide únicamente por el número de medios cerrados o por las restricciones formales, sino por la cantidad de temas que dejan de publicarse por temor, especialmente aquellos vinculados a violaciones de derechos humanos, corrupción, fallas de servicios públicos o pobreza.
En ese contexto, IPYS subraya que la libertad de prensa en Venezuela atraviesa uno de sus períodos más críticos en décadas. El país figura en los últimos lugares de los índices internacionales de libertad de prensa, lo que refleja un entorno de censura, persecución y hostilidad sistemática contra el periodismo independiente. El reporte concluye que el silencio se ha convertido en un indicador clave de la censura: el miedo empuja a los medios y periodistas a callar o suavizar contenidos, generando un vacío informativo que afecta directamente el derecho de la ciudadanía a estar informada. “En Venezuela, el silencio también es una forma de censura”, resume IPYS, al advertir que sin garantías mínimas para investigar y publicar, la sociedad queda a oscuras frente a las decisiones del poder.