Una investigación publicada originalmente por ABC de España y replicada por medios como EVTV y otros portales denunció que cuerpos de seguridad del Estado venezolano han detenido y torturado a menores de edad para intentar ubicar y castigar a sus padres, vinculados a la disidencia política. El caso central es el de Moisés David Guerra Araujo, de 15 años, quien relató cómo fue llevado a la cárcel de El Rodeo, desnudado, golpeado y sometido a interrogatorios violentos mientras agentes intentaban sacarle información sobre su padre.
Según el testimonio recogido en la crónica, Moisés fue separado de su abuela, trasladado encapuchado, despojado de su ropa y puesto bajo el sol en un patio, rodeado por unos treinta funcionarios encapuchados que le formaron una rueda alrededor. Le hacían preguntas que no podía responder y, al ver un tatuaje de una corona, uno de los agentes lo acusó de pertenecer al Tren de Aragua, propinándole una patada en la espalda. El joven recuerda que gritaba por el dolor, pero se propuso “no llorarles”, como acto mínimo de resistencia.
Este caso no es aislado. Organizaciones como Amnistía Internacional ya habían documentado en 2024 detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos contra niños y adolescentes en Venezuela, usados como herramienta de presión en el marco de operativos de persecución política. En un informe de noviembre de 2024, Amnistía recogió al menos seis casos de menores detenidos y torturados entre el 29 y el 31 de julio, durante la ola represiva posterior a las elecciones de 2024, y alertó que al menos 198 niños seguían afectados por detenciones, causas penales fabricadas o secuelas de abuso.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela también ha señalado, en informes recientes, patrones sistemáticos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y tratos crueles como parte de una política de Estado para perseguir a opositores y disidentes. El uso de familiares como rehenes, incluidos menores, encaja en esa lógica de persecución sobre base política, apuntando no solo a neutralizar al perseguido, sino a quebrar a su entorno más cercano.
La historia de Moisés se suma a otros relatos en los que familiares —esposas, madres, hijos— han sido intimidados, amenazados o incluso privados de libertad para forzar la entrega de activistas o líderes buscados por el régimen. En varios casos documentados por medios internacionales, familiares recorren cárceles y comandos preguntando por detenidos que “no existen en el sistema”, una práctica que acerca estos episodios al terreno de la desaparición forzada.
El reportaje y las investigaciones citadas refuerzan la conclusión de que, incluso después de cambios en la cúpula política, la estructura represiva no ha sido desmontada. La detención y tortura de menores no solo viola abiertamente la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que se convierte en la expresión más brutal de un sistema que ve a las familias —incluyendo niños— como objetos de castigo y moneda de cambio en la persecución del disenso político.