Trabajadores venezolanos de distintos sectores salieron este 1 de mayo a las calles para rechazar el llamado ingreso mínimo integral de 240 dólares anunciado por Delcy Rodríguez, al que califican como un “salario de miseria” que no cubre ni de cerca el costo de la canasta básica. Las movilizaciones se concentraron en Caracas y en varias capitales de estado, donde gremios del sector público, sindicatos independientes y organizaciones sociales denunciaron que el nuevo esquema mantiene congelado el salario mínimo oficial y profundiza la desalarización de las remuneraciones al depender casi por completo de bonos. Voceros gremiales advirtieron que la medida no responde a las exigencias históricas de un salario digno y que solo maquilla la crisis económica que afecta a la mayoría de los hogares venezolanos.
De acuerdo con el despacho de agencias internacionales, las marchas de este Día del Trabajador se realizaron bajo consignas que exigían un aumento real del salario mínimo, anclado al valor de la canasta básica, y el cese de la política de bonificaciones sin incidencia en prestaciones sociales, utilidades y otros derechos laborales. Los manifestantes recordaron que, pese al anuncio de los 240 dólares como “ingreso mínimo integral”, el salario mínimo legal continúa en un nivel simbólico, congelado desde 2022, mientras los elementos que suman la cifra –salario base, cestaticket y bono de guerra económica– no han sido explicados con claridad por el Ejecutivo. Esa falta de precisión alimenta la percepción de que el gobierno presenta un número atractivo en dólares, pero sin un sustento real en términos de estabilidad laboral y seguridad social.
Organizaciones sindicales y plataformas opositoras recordaron que la nueva fórmula se apoya en bonos discrecionales, que el gobierno puede modificar o retirar sin pasar por un mecanismo de negociación colectiva. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció que Delcy Rodríguez “profundizó la crisis económica por no descongelar el salario mínimo” y mantuvo un sistema basado en ajustes administrativos y transferencias vía bonos, en lugar de construir una escala salarial estable y transparente. En su pronunciamiento, la coalición subrayó que este modelo mantiene a los trabajadores al margen de una verdadera economía productiva, al no generar incentivos para el empleo formal ni para la inversión en sectores clave.
Desde el sector educativo, dirigentes gremiales advirtieron que el ingreso anunciado desnaturaliza la remuneración docente y afecta de forma directa las prestaciones y beneficios acumulados durante años. El sindicalista Iván Bravo, de la filial de Fetrasinet, calificó los anuncios como “humillantes” y afirmó que fueron recibidos “con tristeza y pena ajena” por la clase trabajadora, al considerar que el gobierno presentó un esquema confuso y regresivo. Según su explicación, la estructura difundida por el Ejecutivo implicaría un salario mínimo de 70 dólares, un bono de guerra reducido a 130 dólares y cestatickets de 40 dólares, hasta sumar los 240 dólares del ingreso mínimo integral, lo que a su juicio no corrige el deterioro acumulado en los últimos años.
Informes recientes sobre conflictividad laboral señalan que, incluso antes del nuevo anuncio, Venezuela registraba decenas de protestas mensuales por reclamos salariales, muchas de ellas encabezadas por trabajadores públicos y jubilados que denuncian ingresos insuficientes para cubrir gastos básicos. Con el nuevo esquema, gremios y plataformas ciudadanas temen que continúe la brecha entre el ingreso oficial y el costo de vida, lo que obliga a millones de personas a depender de trabajos informales, migración o remesas del exterior. En este contexto, el rechazo al “salario de miseria” implementado por Delcy Rodríguez resume la principal exigencia de las calles: pasar de cifras infladas vía bonos a un salario mínimo real, digno y sustentable para los trabajadores venezolanos.