La flamante procuradora general de Venezuela, Arianny Viviana Seijo Noguera, asumió el cargo hace apenas unos días con un encargo solemne: defender los intereses patrimoniales de la República, dentro y fuera del país. Pero una investigación del ciberactivista Giuseppe Gangi ya encendió las alarmas: la funcionaria aparece en registros del Reino Unido como directora y accionista mayoritaria de Crixto Limited, una compañía con nombre prácticamente gemelo al de Crixto, la plataforma de criptoactivos que opera en Venezuela con licencia oficial de la Sunacrip.
Es decir, la mujer que debe velar porque el Estado no sea saqueado aparece, al mismo tiempo, como socia principal de una estructura privada ligada –por nombre y por rubro– a un negocio directamente regulado y autorizado por ese mismo Estado. Un manual de conflicto de intereses… escrito en inglés y registrado en Companies House.
El hallazgo: una procuradora con “startup” londinense
Según los documentos recopilados por Gangi y difundidos por cuentas como Reporte Ya, Monitoreamos y abogados como José Amalio Graterol, Arianny Seijo figura en el Reino Unido como propietaria del 75% de las acciones y directora de Crixto Limited, una firma vinculada a actividades financieras y tecnológicas.
Al mismo tiempo, en Venezuela, la plataforma Crixto –con el mismo nombre base– acaba de recibir una nueva licencia de funcionamiento para 2026 por parte de la Sunacrip, que la autoriza a operar como casa de intercambio, pasarela de pagos y custodio de fondos en criptomonedas. La autorización, identificada con el número CI-SUNA-2026-001, le permite convertir dólares y bolívares a cripto, hacer operaciones P2P y OTC, e integrarse al sistema bancario local como procesador de pagos.
La pregunta cae sola: ¿es pura coincidencia que la nueva procuradora tenga una sociedad llamada Crixto Limited en Londres y que, a la vez, exista en Venezuela una Crixto autorizada por el gobierno para manejar criptoactivos, justo cuando el país intenta convertir las criptos en tabla de salvación de una economía destruida?
Rol público, negocios privados: la tormenta perfecta de conflictos de interés
Como recuerda la propia biografía de Seijo, difundida en medios oficiales y en su ficha de referencia, la abogada no es una recién llegada al poder: ha sido asesora de la vicepresidencia, abogada del Estado en el caso del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia y consultora jurídica de PDVSA. También “ha estado vinculada a al menos cuatro firmas en el Reino Unido” y fue socia de la firma Roraima Capital LLP, antes de figurar como directora y dueña de Crixto Limited.
Que una alta funcionaria tenga experiencia en bufetes privados no es, en sí mismo, un delito. El problema aparece cuando esa trayectoria se cruza con un cargo como procuradora general, donde debe decidir sobre contratos, litigios y regulaciones que pueden afectar de manera directa a empresas del mismo sector en el que ella ha hecho negocios. Si la Procuraduría tiene que opinar, por ejemplo, sobre demandas, licencias, sanciones o marcos regulatorios en materia de criptoactivos, ¿puede alguien que fue (o sigue siendo) accionista mayoritaria de una “Crixto Limited” jugar ese partido sin silbar y mirar al techo?
Crixto: licencia oficial, negocios en expansión y la sombra de la puerta giratoria
La licencia concedida a Crixto por la Sunacrip no es menor: habilita a la plataforma para intercambios de fiat a cripto y viceversa, operaciones P2P, custodia, OTC y pasarela de pagos, con presencia en decenas de comercios venezolanos, incluyendo cadenas conocidas como Mundo Total y Apolo. La autorización deja claro que la empresa deberá cumplir con normas de prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, bajo supervisión directa del ente regulador.
En un escenario sano, uno esperaría que la Procuraduría sea un muro de contención contra cualquier intento de usar esas estructuras para lavar dinero, mover fondos opacos o sortear sanciones. Pero cuando la máxima autoridad jurídica del Estado aparece ligada por registros mercantiles a una empresa con el mismo nombre y sector que una plataforma autorizada, el riesgo es justamente el contrario: que la puerta giratoria entre negocios cripto y poder público quede abierta de par en par.
No se trata solo de “apariencias”: en cualquier democracia seria, un vínculo de este tipo obligaría, mínimo, a una declaración pública exhaustiva de intereses, una inhibición formal en todos los asuntos relacionados con el sector y una investigación parlamentaria independiente. En Venezuela, en cambio, la Asamblea Nacional se limitó a aprobar su designación por “mayoría evidente”, sin una sola pregunta incómoda sobre Crixto, Londres o las otras firmas británicas en las que participó.
“Defender los intereses del Estado”… ¿o defender la billetera?
La Procuraduría general es, en teoría, el escudo jurídico de la República: defiende a Venezuela en casos como Citgo en Delaware, arbitrajes internacionales y disputas por activos en el extranjero. Es la institución llamada a perseguir contratos lesivos, reclamar comisiones ocultas, oponerse a esquemas de saqueo y blindar el patrimonio público frente a la creatividad infinita de los enchufados.
Colocar al frente de esa oficina a alguien con participaciones privadas en estructuras financieras internacionales –y específicamente en una firma que comparte nombre y ramo con un operador de criptoactivos licenciado por el gobierno– es invitar a todas las dudas:
- ¿Quién garantiza que decisiones clave sobre cripto y activos externos no se tomen pensando en la rentabilidad de Crixto & asociados?
- ¿Quién va a revisar los contratos, licencias y modificaciones regulatorias cuando la misma mano que firma por el Estado aparece en los registros como dueña de una empresa del sector?
Por ahora, ni la Procuraduría ni el gobierno de Delcy Rodríguez han ofrecido una explicación clara sobre el alcance de la relación entre Crixto Limited y la Crixto que opera en Venezuela, ni sobre si Seijo se ha desprendido de sus acciones, si sigue recibiendo beneficios o si piensa inhibirse de cualquier caso relacionado con criptoactivos.
Mientras tanto, la imagen que queda es la de siempre: los “bichitos” del gobierno entrando y saliendo por las mismas puertas, firmando de mañana como funcionarios y facturando de noche como empresarios, ahora con blockchain y servidor en Londres.