El Ministerio de Turismo (Mintur) publicó la normativa que regirá las visitas al Parque Nacional Morrocoy durante Semana Santa, con la promesa de aplicar sanciones y hasta restricciones de acceso a quienes incumplan las reglas ambientales y de convivencia. El texto recuerda que está prohibido arrojar desechos contaminantes, extraer o dañar flora y fauna, entrar con mascotas, abusar del volumen de los equipos de sonido y meterse con motos de agua en áreas de nado, además de exigir el uso de la app “Zarpes–INEA” y permisos vigentes para toda embarcación.
Sobre el papel, todo suena impecable: ecosistema marino protegido, tranquilidad para las familias y horarios de navegación claros, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.. Pero lo que la normativa no responde es otra cosa: ¿qué pasa con los que llegan en yate, ponen el reguetón a todo volumen, meten motos de agua en zonas prohibidas y, cuando aparece la Guardia, “resuelven” con una llamada al padrino? Eso no sale en el comunicado, ni en la app del INEA, ni en los posts patrióticos de Daniella Cabello, que insiste en que “las normas no son nuevas” y “siempre han existido”.
En teoría, quien incumpla puede ser sancionado e incluso sacado del parque. En la práctica, los que más dañan Morrocoy suelen ser precisamente los que menos temen a las reglas: los de las lanchas sin limitador de sonido, las fiestas con DJ en los cayos, las bolsas de basura flotando al final del día y las motos de agua corriendo entre los bañistas, muchas veces vinculados a funcionarios, militares o “emprendedores” bien conectados que solucionan todo con un simple “ya llamé arriba, tranquilo”.
Así que sí: las normas están escritas, la ministra las repite y las infografías corren por las redes. Falta el reglamento más importante, el que nunca publican: el que diga qué hacer cuando el infractor saca el teléfono, marca a su general, a su alcalde o a su enchufe de turno… y de repente la sanción se evapora entre risas, selfies y otro whisky en el cayo.