Durante más de 30 años, Cilia Flores amasó poder político, económico y judicial a la sombra de Hugo Chávez y luego como esposa de Nicolás Maduro, hasta convertirse —según Transparencia Venezuela— en una de las figuras más influyentes y opacas del chavismo. El informe “Cilia Flores: más de 30 años amasando poder con Chávez y Maduro” detalla que su círculo cercano está compuesto por al menos 30 parientes, de los cuales 17 han ocupado cargos públicos, muchos en posiciones estratégicas en la Asamblea Nacional, la Cancillería, la Vicepresidencia, la Tesorería y Pdvsa.
De abogada de Chávez a “primera combatiente”
Flores se vinculó a Chávez desde los años del golpe de 1992, formando parte del equipo jurídico que lo defendió, y desde allí tejió una relación de absoluta confianza. En 2006 se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional, cargo que aprovechó para abrir la puerta del Estado a sus hijos, hermanos, sobrinos y exesposo, consolidando lo que el informe llama “el clan Flores”.
Ya como primera dama de Maduro, su poder creció en paralelo al debilitamiento institucional del país: fue pieza clave en estrategias políticas, en el diseño de campañas, en la selección de cuadros y en la reconfiguración de la cúpula del Tribunal Supremo de Justicia. Organizaciones especializadas sostienen que, mientras su exposición mediática disminuía, se expandía el entramado familiar y empresarial en áreas claves del Estado y en negocios con proyección internacional.
Nepotismo masivo y captura de instituciones
Transparencia Venezuela documenta que Flores utilizó el nepotismo como método de control: colocó a familiares directos y políticos en posiciones sensibles del aparato estatal, desde ministerios hasta empresas públicas. Versiones de prensa citadas en el informe apuntan que, en ciertos momentos, se llegó a hablar de entre 407 y 478 familiares de Cilia Flores en nóminas del Estado, aunque la ONG logró verificar con nombre y apellido al menos 30 de ellos, con 17 en puestos altos.
Uno de los capítulos más delicados es su papel en la cooptación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El estudio explica que, entre 2014 y 2015, Flores impulsó la designación de magistrados “exprés” y afines al Ejecutivo para anular a la Asamblea Nacional de mayoría opositora electa en 2015 y garantizar fallos alineados con el poder político en causas clave: persecución a disidentes, inhabilitaciones y validación de elecciones cuestionadas.
Un holding familiar de 122 empresas
El informe revela que el entramado de Flores no solo fue político: estaría vinculada a 122 empresas, muchas en sectores estratégicos (energía, importaciones, construcción, servicios financieros) y con operaciones en más de cinco países. De esas compañías, 67 se relacionan con sus hijos Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores; 30 con su sobrina Iriamni Malpica Flores; y 25 con su sobrino Carlos Erik Malpica Flores, exalto funcionario de Finanzas del Estado.
Investigaciones periodísticas y documentos comerciales citados por Transparencia Venezuela indican que varias de estas empresas se registraron en Panamá y otras jurisdicciones offshore entre 2013 y 2015, justo en los años de mayor flujo de petrodólares y de esquemas de arbitraje cambiario. Muchas están ligadas a contratos con entes públicos, importaciones con sobreprecio y servicios asociados a Pdvsa y a la Tesorería Nacional.
Carlos Erik Malpica: el “sobrino preferido” y los negocios con Pdvsa
Entre las figuras clave del clan destaca Carlos Erik Malpica Flores, a quien el informe identifica como el “sobrino preferido” de Cilia. Este pariente llegó a acumular hasta 16 cargos en distintos órganos del Estado: trabajó en la Asamblea Nacional, en la Cancillería, en la Vicepresidencia de la República, fue Tesorero Nacional y, al mismo tiempo, vicepresidente y director interno de Finanzas de Pdvsa.
Una investigación del PanAm Post revela documentos que lo vinculan con un esquema de préstamos en bolívares pagaderos en divisas, que habría generado cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas para funcionarios y empresarios cercanos al poder. Según esos reportes, Malpica autorizó operaciones que terminaron en causas judiciales en la Corte Federal del Sur de Florida, donde se acusa a varios implicados de intentar lavar hasta 1.200 millones de dólares obtenidos mediante tramas de corrupción en Pdvsa.
Aunque el gobierno de Joe Biden lo sacó de la lista de sancionados de la OFAC en 2022, organizaciones de la diáspora han exigido que vuelva a ser incluido, alegando que el grueso de las acusaciones de corrupción sigue vigente. En 2025 y 2026, bajo la administración de Donald Trump, Malpica y otros miembros del clan volvieron a figurar en rondas de sanciones financieras y restricciones para contratar con empresas estadounidenses.
Los “narcosobrinos” y el frente judicial en EE. UU.
El apellido Flores también se asocia a los llamados “narcosobrinos”, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia condenados en Estados Unidos por cargos de tráfico de cocaína tras ser detenidos en Haití en 2015. Ambos fueron sentenciados en 2016 en Nueva York y se convirtieron en símbolo de la conexión entre el poder político venezolano y redes de narcotráfico de alto nivel.
En 2022, el entonces presidente Joe Biden les concedió clemencia en el marco de un intercambio de prisioneros con el gobierno de Maduro, lo que desató fuertes críticas de organizaciones de víctimas y sectores de la oposición. Sin embargo, en 2025 la administración Trump retomó la línea dura y anunció nuevas sanciones contra tres sobrinos de Cilia Flores —incluyendo nuevamente a Malpica— y seis empresas petroleras acusadas de servir como vehículos para transportar crudo venezolano y lavar activos.
Balance: poder, negocios y destrucción institucional
Para Transparencia Venezuela y otros analistas, el “clan Flores” operó como un andamiaje familiar que combinó:
- Control político del Parlamento y del TSJ.
- Captura de áreas clave de la administración pública (finanzas, petróleo, diplomacia).
- Creación de una red de 122 empresas para capitalizar el acceso a divisas, contratos estatales y operaciones internacionales.
- Un frente judicial en el extranjero por corrupción y narcotráfico, con procesos en Estados Unidos que siguen activos contra figuras del entorno.
El informe concluye que el caso de Cilia Flores sintetiza la lógica del chavismo: disolver la separación entre familia, partido y Estado para garantizar lealtad absoluta, neutralizar controles y convertir los recursos públicos en el eje de una economía política de la lealtad. Con la caída de Maduro y los procesos abiertos en cortes estadounidenses, el entramado del clan Flores se ha convertido hoy en uno de los expedientes más sensibles para la justicia internacional y para cualquier intento serio de recuperación de activos saqueados a Venezuela.