La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció que las autoridades negaron las solicitudes de amnistía a 50 presos políticos vinculados a la llamada “causa Plaza Venezuela”, un expediente que agrupa detenciones realizadas desde enero–agosto de 2025 por un supuesto plan para colocar explosivos en esa zona de Caracas. Según la organización, familiares de los detenidos fueron informados de que las peticiones habían sido rechazadas “sin motivación jurídica alguna”, pese a que la recién aprobada Ley de Amnistía se presentó como un instrumento para la reconciliación y la restitución de derechos a personas perseguidas por razones políticas.
JEP alertó que el caso confirma lo que ya venían advirtiendo varias ONG: la aplicación de la amnistía está marcada por “obstáculos, interpretaciones restrictivas y decisiones carentes de fundamentación legal”, lo que desnaturaliza su propósito y perpetúa situaciones de injusticia. Los 50 presos políticos del expediente Plaza Venezuela están imputados por delitos como terrorismo y conspiración, construidos sobre la narrativa oficial de un supuesto atentado frustrado con explosivos en 2025, un caso en el que voceros del entonces gobierno de Maduro, como Diosdado Cabello, llegaron a señalar incluso a dirigentes opositores en el exilio como cerebros del plan.
Para la organización, la negativa sistemática y sin argumentos a estas solicitudes revela que, aun con un nuevo marco legal, el patrón de discrecionalidad y castigo selectivo sigue intacto. Por eso exigieron medidas urgentes: una revisión imparcial e independiente de los expedientes, la aplicación transparente y no discriminatoria de la Ley de Amnistía y, cuando corresponda, el sobreseimiento de causas sin fundamento y la revisión del uso de tipos penales como terrorismo, que se estarían aplicando de forma abusiva contra manifestantes y opositores.
La denuncia llega apenas días después de que otros presos políticos, como la abogada Blanca Suárez (caso Diario La Voz), sí obtuvieran libertad por sentencia absolutoria o por aplicación de la amnistía, lo que refuerza la sensación de que en Venezuela la libertad depende menos de la ley que de la conveniencia política del momento. Para los familiares de los 50 presos de Plaza Venezuela, el mensaje es devastador: mientras el gobierno habla de transición y reconciliación, ellos siguen esperando justicia desde las mismas celdas y con las mismas acusaciones de siempre.