Familiares de presos políticos recluidos en la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda, acudieron este miércoles a la sede del Ministerio Público en Caracas para consignar un documento con 12 petitorios y exigir una investigación formal sobre las torturas y tratos crueles denunciados tras la arremetida violenta del pasado 9 de abril. Los denunciantes forman parte del Comité por la Libertad de los Presos Políticos y llevan más de tres meses en vigilias y pernoctas a las afueras del penal, documentando abusos y exigiendo fe de vida de los reclusos.
De acuerdo con el escrito entregado al Ministerio Público, la agresión se produjo después de una protesta interna encabezada por detenidos extranjeros que reclamaban su derecho a visitas consulares, algo que se les ha negado de forma reiterada. La respuesta de los custodios habría incluido golpes, uso de gas pimienta y bombas lacrimógenas dentro de los pabellones, con un saldo de al menos cuatro heridos y denuncias de posibles fallecidos que las autoridades no han confirmado ni desmentido con claridad.
Los familiares insisten en que, más allá de comunicados oficiales, el Ministerio Público debe abrir una investigación penal seria sobre las presuntas torturas, identificar a los responsables de la represión y garantizar el acceso de los detenidos a médicos independientes y a sus abogados de confianza. Reclaman también fe de vida actualizada de todos los presos políticos recluidos en El Rodeo I, así como información precisa sobre su estado de salud tras los hechos del 9 de abril.
En su documento, el Comité exige además que se hagan públicas las grabaciones de video de la llamada “visita de supervisión” que la Fiscalía asegura haber realizado en la cárcel después de las primeras denuncias. Cuestionan que esos videos solo se mencionen en un comunicado oficial sin que ni las familias ni las organizaciones de derechos humanos hayan podido acceder al material para contrastar la versión del Ministerio Público con los testimonios de los internos.
El viernes anterior, la Fiscalía informó que funcionarios de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos realizaron una inspección en El Rodeo I, revisaron las cámaras de seguridad y entrevistaron a algunos detenidos, concluyendo que se aplicaron “protocolos de rigor” y que se respetó el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Sin embargo, los familiares consideran ese informe insuficiente y sesgado, y recuerdan que muchos reclusos permanecen encerrados hasta 23 horas diarias en celdas con letrinas insalubres, sin ventilación adecuada y con acceso extremadamente limitado a agua, luz solar y atención médica.
Organizaciones como Oveprisiones y defensores de derechos humanos han difundido videos y testimonios que describen a El Rodeo I como un verdadero “centro de tortura”, tanto física como psicológica. El penal ha sido señalado anteriormente por ex detenidos extranjeros como el argentino Nahuel Gallo y el francés Julien Février, quienes narraron condiciones de aislamiento prolongado, amenazas constantes y castigos colectivos, ahora denunciadas de nuevo por las familias de venezolanos y otros presos políticos.
Los parientes advirtieron que, si el Ministerio Público no responde con acciones concretas, intensificarán las protestas con nuevas vigilias, actividades de calle y articulación con organizaciones internacionales. Su demanda central es clara: que cese el uso de la tortura como herramienta de control penitenciario y que el Estado asuma su obligación de garantizar la vida y la integridad de todas las personas privadas de libertad, incluso en casos de motivación política.