DORAL, Florida. Residentes, líderes comunitarios y defensores reforzaron este miércoles sus demandas para que la ciudad termine su asociación con Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Aseguran que el acuerdo está causando pánico en la comunidad y afectando a los negocios locales.
«Lo que nuestra comunidad está viviendo es vergonzoso», dijo Eliazar Guevara, residente de Doral y activista venezolano. «Han dicho que la policía no está colaborando. ¿Cuál es el problema con revocar este acuerdo si no colaboran?»
La petición de 170 firmas contra el acuerdo 287(g)
Guevara sostuvo una carpeta que, según dijo, contenía las firmas de 170 residentes que piden al liderazgo de la ciudad revocar la colaboración con la administración Trump.
La conferencia de prensa fue el más reciente episodio de las tensiones entre defensores, residentes y el Concejo Municipal de Doral, que aprobó y firmó una asociación con ICE que otorga a policías locales algunos poderes de agentes de inmigración. Florida tiene más de 350 acuerdos 287(g), lo que la convierte en uno de los estados con más convenios bajo el programa.
Qué es el programa 287(g)
El programa 287(g) permite que oficiales de policía local sean entrenados y autorizados para hacer cumplir leyes federales de inmigración.
Qué dicen los funcionarios y los propietarios de negocios
Funcionarios indican que ningún policía de Doral ha sido entrenado bajo el programa, por lo que todavía no pueden realizar arrestos de inmigración. Sin embargo, propietarios de negocios y residentes aseguran que agentes federales están llevando a cabo arrestos en la ciudad, lo que ha generado miedo entre los vecinos y una caída de la actividad comercial. Doral es hogar de una de las comunidades venezolanas más grandes del país.
Tessa Pettit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, dijo: «Animamos a residentes a preguntar a sus representantes, sus miembros del concejo, su alcalde que hagan su trabajo, que es representarlos y no su propia agenda política».
También participaron el exCongresista Joe García y la exconcejala Sandra Ruiz.
La alcaldesa Christi Fraga: «Queremos proteger nuestras comunidades»
La alcaldesa Christi Fraga ofreció una conferencia de prensa improvisada en el tercer piso del Ayuntamiento. Dijo que halló terreno común con los defensores en una reunión el lunes y reconoció que la aplicación de la ley migratoria ha ido «demasiado lejos».
«No queremos ver gente buena ser lastimada», afirmó. «Queremos proteger nuestras comunidades».
La espera por la aclaración del fiscal general de Florida
Fraga indicó que espera una aclaración del fiscal general de Florida, James Uthmeier, sobre si puede terminar el acuerdo sin enfrentar consecuencias legales. Según el reporte, Uthmeier, bajo un mandato del gobernador Ron DeSantis para que los gobiernos locales se unan al programa, ha amenazado con la remoción del cargo a funcionarios que voten contra la asociación. También los ha acusado de violar leyes estatales que prohíben políticas de «ciudad santuario».
Lo que respondió la alcaldesa a las críticas
Fraga rechazó las críticas de los defensores, que dijeron que no terminaba el acuerdo por «cobardía».
«Nunca quise unirme al acuerdo. Lo adoptamos después de que varias ciudades habían rechazado y cartas fueron enviadas a ellas por el Fiscal General», dijo. «Fue muy claro en cualquier caso que cualquier Ciudad que saliera después de entrar sería vista como ciudad santuario o actuando contra la ley».
El antecedente legal de South Miami
El año pasado, la ciudad de South Miami pidió a un juez determinar si los municipios estaban obligados a unirse. Durante esos procedimientos, abogados estatales declararon que no todos los municipios deben firmar un acuerdo, siempre que no se opongan a unirse.
Jeanette Ynfante, del Centro de Ley de Pobreza del Sur, dijo frente al ayuntamiento: «La ciudad no debe y no debería ceder a presiones o caracterizaciones erróneas de Tallahassee que intentan imponer obligaciones más allá de lo que la ley misma requiere».
El intercambio entre Guevara y Fraga
Al final de la conferencia, Guevara se acercó a la alcaldesa con la carpeta. «La comunidad necesita confiar en su policía», le dijo. «Puedes confiar en ellos», respondió Fraga.
La alcaldesa agradeció el documento y dijo que debía entregarse oficialmente al secretario municipal.
Próximo paso: 25 declaraciones juradas para forzar una votación
El activista Thomas Kennedy y otros defensores dijeron que su siguiente paso es reunir 25 declaraciones juradas de residentes para incluir automáticamente el programa 287(g) en la agenda de la próxima reunión del concejo, como permite el estatuto de la ciudad.
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