Un conjunto de fotografías y testimonios llegó de forma confidencial al Congreso de Estados Unidos, y lo que muestran reabrió una polémica que ya venía cocinándose desde hace meses: las condiciones dentro de la sede de ICE en Miramar, Florida. Según el material, entregado presuntamente por trabajadores de la propia agencia, cientos de inmigrantes habrían permanecido hacinados en espacios saturados, durmiendo sobre el concreto y, en algunos casos, encadenados.
El informe fue presentado por legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, y sus hallazgos —de confirmarse— pintan un panorama muy alejado de lo que exigen los protocolos de detención migratoria.
Lo que muestran las imágenes
El material entregado a los congresistas incluye fotografías que, según los denunciantes, documentan una serie de condiciones preocupantes dentro del centro:
- Baños portátiles desbordados, con desechos humanos visibles en el suelo
- Bolsas de basura acumuladas cerca del área usada como espacio de retención
- Decenas de personas permaneciendo en el área de acceso vehicular, una zona similar a un almacén y sin ventilación adecuada
- Detenidos aseándose al aire libre, a la vista de otros
- Personas acostadas directamente sobre el concreto, algunas con grilletes
Quienes filtraron la información se identificaron como trabajadores de ICE con conocimiento directo de los hechos. Según sus testimonios, también había fallas graves en el acceso a atención médica, escasez de alimentos, falta de productos de higiene básica y ausencia de asistencia legal adecuada para los detenidos.
Un centro para 56 personas… con 342 dentro
Uno de los datos que más llama la atención en el informe tiene que ver con la capacidad del lugar. La sede de Miramar está autorizada para alojar a 56 personas. Sin embargo, durante una jornada de agosto de 2026, habría llegado a tener 342 detenidos, más de seis veces su límite oficial.
Según los testimonios, más de un centenar de personas habría pasado la noche en el área de acceso vehicular, un espacio pensado únicamente para retenciones cortas, no para pernoctar.
Retenciones de días en espacios pensados para horas
Aquí es donde el caso se vuelve más delicado. Los testimonios sostienen que hombres y mujeres permanecieron hasta siete días en el área de acceso vehicular, cuando ese tipo de espacio fue diseñado para estadías de menos de 12 horas.
De hecho, una orden judicial de junio de 2026 ya había establecido ese límite de 12 horas. Según la denuncia, esa disposición no se habría respetado.
Baños obstruidos y meses sin limpieza
El documento entregado al Congreso también detalla un deterioro sostenido en las condiciones de higiene del recinto. Según los testimonios, durante aproximadamente tres meses no habría existido una limpieza adecuada del lugar. Uno de los inodoros permaneció obstruido, provocando derrames de orina y materia fecal en el piso, mientras varios baños portátiles se mantenían cubiertos de desechos sin mantenimiento regular.
Denuncias médicas: desde falta de insumos hasta un caso de tuberculosis
Entre los señalamientos más graves del informe están los relacionados con la salud de los detenidos. Un testimonio describe a una mujer que sangró a través de su ropa durante días, hasta que una funcionaria finalmente le entregó productos de higiene femenina.
Otros relatos hablan de personas que se desmayaron o reportaron dolores en el pecho sin recibir atención médica oportuna, así como detenidos que pasaron días sin sus medicamentos para condiciones crónicas como diabetes o hipertensión.
Uno de los señalamientos más delicados involucra a un detenido que, según el informe, notificó que padecía tuberculosis. Los denunciantes afirman que no habría sido aislado, lo que representaría un riesgo de contagio dentro del centro. Incluso varios empleados habrían requerido antibióticos tras enfermarse por las condiciones de salubridad del lugar.
El Congreso exige respuestas
Ante estas denuncias, los congresistas Robert Garcia, Bennie G. Thompson y Maxwell Frost enviaron comunicaciones formales a David J. Venturella, director interino de ICE, y a Joseph V. Cuffari, inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En sus cartas solicitaron una serie de documentos clave: registros de ocupación del centro, llamadas al 911, reportes de incidentes de seguridad, contratos de limpieza, documentación sobre atención médica brindada y comunicaciones internas relacionadas con las operaciones en Miramar. También pidieron identificar a los funcionarios responsables de autorizar retenciones que habrían superado el límite fijado por la orden judicial.
La agencia tiene hasta el 5 de octubre de 2026 para preservar y entregar toda la documentación solicitada.
No es la primera alerta sobre Miramar
Este no es un caso aislado. En julio de 2026, la congresista Debbie Wasserman Schultz ya había realizado una visita sorpresa al centro y, tras recorrerlo, describió un escenario de sobrepoblación, falta de privacidad y condiciones que, según sus palabras, vulneraban estándares básicos de dignidad humana.
La respuesta del DHS
Frente a señalamientos anteriores, el Departamento de Seguridad Nacional negó que existiera un trato inhumano dentro de sus instalaciones. La agencia aseguró que las personas bajo custodia reciben alimentación, atención médica y la posibilidad de comunicarse con familiares y abogados.
Hasta el momento, ICE no ha emitido una respuesta específica sobre las fotografías y testimonios incluidos en esta nueva investigación del Congreso.
Un debate que va más allá de Miramar
El caso se suma a una discusión más amplia sobre las condiciones en los centros de detención migratoria de Estados Unidos. Distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado de forma reiterada situaciones similares de hacinamiento y falta de atención médica en instalaciones de ICE a lo largo del país, mientras el Congreso ha impulsado audiencias y solicitado informes al Inspector General del DHS sobre el trato a los detenidos.
La administración Trump ha defendido sus políticas migratorias como una medida necesaria para la seguridad nacional, mientras sus críticos las califican como contrarias a los estándares de derechos humanos.
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