El Departamento de Justicia de Estados Unidos prepara una acusación penal contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero, en un movimiento que contaría con el respaldo directo del presidente Donald Trump y que apunta a convertirse en nueva palanca de presión sobre el interinato en Caracas. La información fue revelada por un reporte exclusivo de la agencia Reuters, según el cual la Casa Blanca vería en este expediente no solo un caso judicial, sino un instrumento geopolítico para empujar su agenda en la transición venezolana.
De acuerdo con las notas de El Estímulo, La Estrella de Panamá y otros medios que citan a Reuters, el Departamento de Justicia estaría gestionando de forma discreta una acusación formal contra Rodríguez por hechos vinculados a corrupción y blanqueo de capitales, relacionados con el manejo de recursos del Estado venezolano y esquemas financieros bajo investigación desde hace años. El reporte añade que Trump “respalda la medida” y que su administración “podría estar utilizando esta última acusación penal contra Rodríguez como palanca para impulsar su agenda en Venezuela”, según el comentario del periodista Eugenio Martínez, especializado en temas políticos.
Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia ni el propio Trump han emitido declaraciones oficiales sobre este proceso o sobre el contenido específico de la acusación. Los reportes subrayan que se trata de gestiones llevadas con alto nivel de reserva, en coherencia con versiones previas de que Washington mantiene expedientes listos para ser activados contra figuras clave del chavismo, dependiendo de cómo se comporte cada una frente a la transición.
No es la primera vez que el nombre de Delcy Rodríguez aparece ligado a investigaciones de Estados Unidos. Documentos obtenidos por la agencia AP y reseñados en enero de 2026 muestran que la DEA la tiene en la mira desde al menos 2018 y que, ese mismo año, fue clasificada como “priority target”, una categoría reservada para objetivos considerados de alto impacto en tramas criminales. Según esos archivos, la agencia antidrogas recopiló información de inteligencia sobre presunto lavado de dinero mediante hoteles en Margarita, conexiones con tramas de oro y vínculos con el empresario Alex Saab, acusado de ser intermediario financiero del régimen.
A comienzos de febrero, la periodista Valentina Lares, editora de Armando.info, ya había advertido en un foro que el gobierno de Trump manejaba una acusación secreta contra Rodríguez “para tenerla sobre su cabeza” y hacerla pública “por si se descarrila”. Esa afirmación fue recogida por medios como The Grayzone y por portales en Estados Unidos, que describieron la estrategia como una forma de leverage: el expediente se mantendría latente y se activaría solo si la presidenta encargada se aparta de los compromisos asumidos con Washington.
El nuevo reporte de Reuters encaja con ese cuadro, pero da un paso más al señalar que el Departamento de Justicia ya estaría “preparando” la acusación penal, y que Trump respalda expresamente el movimiento. De concretarse, Rodríguez se sumaría a la lista de altos funcionarios venezolanos procesados en tribunales estadounidenses por delitos financieros o relacionados con narcotráfico, entre ellos Nicolás Maduro y varios integrantes de su entorno.
Analistas citados en la prensa regional señalan que una acusación de este tipo tendría efectos internos e internacionales. Hacia adentro, minaría aún más la legitimidad de Delcy Rodríguez como figura de transición, ya cuestionada por amplios sectores opositores y por parte de la sociedad civil que la ven como continuidad del chavismo. Hacia afuera, reforzaría la capacidad de Estados Unidos para condicionar las decisiones del interinato en materias como cooperación judicial, reformas económicas, control de activos y manejo de eventuales procesos de justicia transicional.
El momento político también pesa: la filtración ocurre semanas después de que Rodríguez anunciara el desbloqueo parcial de activos venezolanos en Estados Unidos tras un diálogo directo con Trump, y en medio de las exigencias de Washington de que se abra paso a investigaciones sobre corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos vinculadas al antiguo régimen. En ese contexto, una acusación penal contra la propia jefa del interinato sería tanto un mensaje hacia otros cuadros del chavismo como una advertencia sobre los límites de la tolerancia de la Casa Blanca.
Por ahora, lo único claro es que el nombre de Delcy Rodríguez ya no solo está en la mira de la DEA, sino también en el radar del Departamento de Justicia como posible acusada en un caso de corrupción y lavado de dinero, con el aval político de Donald Trump. Si ese expediente sale del congelador y se convierte en imputación formal, la presidenta encargada pasará a tener un pie en el Palacio de Miraflores… y el otro en el banquillo de los acusados de la justicia estadounidense.