Organizaciones de derechos humanos y plataformas opositoras confirmaron una nueva tanda de excarcelaciones de presos políticos y detenidos por motivos vinculados a la conflictividad social, pero advirtieron que “cientos” de personas permanecen tras las rejas en Venezuela a pesar de la Ley de Amnistía y del proceso de liberaciones iniciado en enero. La fotografía, coinciden, es la de un país donde salen presos por tandas, mientras se mantiene intacta una estructura represiva capaz de seguir encarcelando y de administrar la libertad como moneda política.
Según cifras citadas por El Nacional, el gobierno interino asegura que, en virtud de la amnistía promulgada el 19 de febrero, 5.628 personas han recibido libertades plenas hasta este lunes, de las cuales 245 estaban en prisión y 5.383 se encontraban ya en libertad restringida. Sin embargo, esas cuentas se mezclan con otras categorías de detenidos y con personas que no son reconocidas por las ONG como presos políticos, lo que hace difícil contrastar el dato oficial con los registros independientes.
La ONG Foro Penal, que lleva el conteo más sistemático de detenidos por razones políticas, ha aportado números mucho menos triunfalistas. A finales de febrero reportaba que, pese a las excarcelaciones relacionadas con la nueva amnistía, aún quedaban 568 presos políticos en el país, entre ellos 52 extranjeros y 182 militares, muchos de ellos en causas viejas que hasta hace semanas seguían en revisión para ser reconocidas formalmente como de naturaleza política. Antes, el 26 de febrero, la organización cifraba en 568 los encarcelados tras liberaciones previas; días después, otras fuentes hablaban de “más de 600” todavía tras las rejas.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos y otras plataformas de la sociedad civil han reiterado el mismo mensaje: sí hay liberaciones, pero no se trata de una “libertad total”. En declaraciones recogidas por agencias internacionales, recuerdan que muchas de las personas que salen de los calabozos lo hacen bajo medidas cautelares severas, con prohibición de salida del país, obligación de presentarse periódicamente ante tribunales y, en no pocos casos, con veto para declarar ante los medios de comunicación. “Número de excarcelaciones no implica libertad”, ha dicho con claridad Alfredo Romero, director de Foro Penal.
Los números del propio Foro Penal reflejan la brecha con el discurso oficial. El 19 de enero, la organización hablaba de 777 presos políticos todavía detenidos, pese a 143 excarcelaciones verificadas desde el 8 de enero, fecha en la que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció un proceso de liberaciones “masivo”. A finales de enero, CNN en Español reseñaba que el gobierno hablaba de 808 liberados desde “antes de diciembre”, mientras el conteo independiente apenas confirmaba 193 excarcelaciones de una lista de más de 800 prisioneros políticos identificados.
En este nuevo corte, el patrón se repite: el Parlamento y el Ejecutivo insisten en que la amnistía ha beneficiado a cientos de prisioneros políticos y a unas 5.600 personas con medidas restrictivas, pero las ONG solo logran documentar una fracción de esas cifras y recalcan que aún hay “cientos” injustamente detenidos. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha exigido procesos “masivos, expeditos, públicos y transparentes” que lleven a la libertad de todos los presos políticos, no apenas a liberaciones por goteo que permitan capitalizar la imagen de apertura sin desmontar por completo el aparato de persecución.
Las excarcelaciones más recientes incluyen a activistas, militares y personas vinculadas a casos emblemáticos como la Operación Gedeón o protestas sociales, pero los nombres difundidos siguen siendo parciales. Videos y reportes en redes, amplificados por ONG y familiares, muestran salidas de penales como El Rodeo, Yare y centros de reclusión en Amazonas y Miranda, en medio de abrazos y escenas de alivio, pero también de reclamos por quienes siguen adentro. Para los colectivos de víctimas, cada liberación es una buena noticia que llega tarde y que no puede confundirse con justicia.
El telón de fondo es la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, que el gobierno presenta como punto de inflexión para cerrar el ciclo de persecución política. No obstante, la falta de un listado oficial de beneficiarios, las divergencias en las cifras y el mantenimiento de causas abiertas y medidas restrictivas son, para las ONG, prueba de que el Estado sigue administrando la libertad como un instrumento de control más que como un reconocimiento pleno de derechos.
En ese contexto, la frase “cientos siguen detenidos” se ha convertido en el mantra que acompaña cada tanda de excarcelaciones. Organizaciones nacionales e internacionales insisten en que, si la transición quiere ser creíble, debe ir más allá de los anuncios fragmentados y avanzar hacia una liberación total de personas encarceladas por motivos políticos, acompañada de verdad, reparación y garantías efectivas de no repetición. Hasta que eso ocurra, cada puerta de celda que se abre seguirá iluminando, al mismo tiempo, la sombra de las que permanecen cerradas.