En una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se presentó como el rostro de una nueva etapa “de perdón y sanación” en Venezuela y admitió, por primera vez con ese tono, que “se cometió un error que debe ser enmendado” en materia de detenciones y actuaciones del poder. El dirigente chavista habló de excesos que, según dijo, se habrían apartado del “espíritu humanista de la Revolución”, al tiempo que intentó instalar la idea de que la actual transición política debe pasar por revisar casos y corregir injusticias cometidas en el pasado.
A lo largo de la conversación, Rodríguez buscó marcar distancia del perfil de “carcelero” que le atribuye buena parte de la opinión pública. Repetidas veces afirmó que “no le gustan los presos” y que la prioridad ahora es “sanar, perdonar y reconstruir” el tejido social, en sintonía con el discurso oficial que rodea la recién aprobada Ley de Amnistía y las excarcelaciones de las últimas semanas. Al mismo tiempo, insistió en que nadie debe leer estas medidas como señales de “debilidad”, sino como una decisión política para facilitar la convivencia y la unión nacional en la nueva etapa abierta tras la salida de Nicolás Maduro del poder.
El presidente del Parlamento reconoció que hubo casos en los que el Estado “se pasó de la raya” y actuó de forma incorrecta frente a personas que hoy son consideradas víctimas de persecución. Sin entrar en nombres específicos, aludió a detenciones y acciones que, según su propio relato, no reflejaron el enfoque humanista que decía defender el proyecto bolivariano, y sostuvo que esos “errores” deben corregirse con medidas concretas, empezando por la revisión de expedientes y la restitución de derechos. Presentó esa revisión como parte de un compromiso personal con una transición menos revanchista y más incluyente.
Sin embargo, el giro de discurso contrasta con declaraciones suyas muy recientes. En 2024, Rodríguez exigía que figuras como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia “tenían que ir presos”, los acusaba de “conspiración fascista” y reclamaba “todo el rigor de las leyes de la República” contra ellos, afirmando que “con el fascismo no se transige”. Y a comienzos de 2026, en plena ola de excarcelaciones, llegó a negar la existencia de presos políticos en Venezuela, calificando a los liberados como “políticos que incurrieron en faltas” y descalificando a organizaciones como Foro Penal por defenderlos.
En la entrevista con Olavarrieta, el jefe del Legislativo intentó reacomodar esa narrativa. Matizó que, aunque sigue rechazando lo que llama “llamados a invasión” o “acciones violentas”, entiende que hay personas que fueron encarceladas en contextos de alta polarización y que hoy el país necesita darles una salida distinta a la persecución y la cárcel. Bajo esa lógica, presentó la Ley de Amnistía y el proceso de excarcelaciones como parte de una política de Estado para bajar la tensión, más que como una concesión forzada por la presión internacional.
Rodríguez también aprovechó la conversación para reforzar el papel de la Asamblea Nacional como eje de la transición. Defendió que el Parlamento actual, con mayoría chavista y presencia de sectores de “oposición” oficial, es el espacio legítimo para aprobar reformas, leyes de amnistía y acuerdos que acompañen el desmontaje de la etapa anterior y la evolución institucional hacia un nuevo arreglo político. En ese marco, se presentó como alguien dispuesto a escuchar críticas, dialogar con adversarios y asumir “correcciones” necesarias para que el país pueda pasar la página.
En la parte económica, el presidente del Parlamento habló de la urgencia de reformas que acompañen la apertura política. Según fragmentos reseñados en redes y otros medios, se refirió a la necesidad de revisar el modelo rentista, diversificar la economía, mejorar las condiciones para la inversión y atender el deterioro de los servicios públicos, con el argumento de que una transición sin resultados económicos concretos perdería rápidamente respaldo social. Vinculó esa agenda a una mayor seguridad jurídica y a un intento de recomponer relaciones con actores empresariales y con la comunidad internacional.
La entrevista también tocó el tema de la libertad de expresión y el rol de los medios. Rodríguez aseguró que el país vive hoy “un clima distinto” al de años anteriores, con más espacio para la crítica y el debate, aunque evitó pronunciarse en detalle sobre cierres de medios, bloqueos de portales o presiones contra periodistas que han sido documentados por organizaciones de libertad de expresión. Se limitó a decir que “no le teme a las preguntas difíciles” y que está dispuesto a seguir dando entrevistas en espacios plurales como parte de la “nueva etapa”.
En redes sociales, clips de la conversación circularon acompañados de comentarios que subrayaban la distancia entre el Rodríguez que hoy habla de “perdón, sanación y errores que enmendar” y el que hasta hace poco pedía cárcel para opositores y negaba la existencia de presos políticos. Colectivos de víctimas y ONG de derechos humanos han recordado que, más allá del tono, siguen en pie las exigencias de verdad, justicia y garantías de no repetición, y que cualquier revisión de casos debe incluir responsabilidades individuales y no solo gestos de reconciliación discursiva.