Las autoridades venezolanas advirtieron que será sancionado con multas y acciones penales quien arroje escombros y desechos de construcciones dañadas por los terremotos en playas, ríos, quebradas u otros cuerpos de agua. La medida busca evitar que la remoción de materiales tras la emergencia sísmica se traduzca en un nuevo problema ambiental y de salud pública en las zonas costeras y en comunidades que dependen directamente de estas fuentes de agua. El llamado se dirige tanto a particulares como a empresas contratistas y entes públicos responsables de labores de limpieza y demolición.
Los voceros encargados de la gestión ambiental y de riesgo recordaron que lanzar restos de edificaciones, concreto, ladrillos, madera, metales y otros materiales a playas y cauces constituye una infracción de las normas ambientales y puede derivar en procesos penales cuando se compruebe daño al ecosistema. Además de afectar el paisaje y la calidad del agua, el depósito irregular de escombros puede agravar el riesgo de inundaciones, alterar cauces naturales y poner en peligro a vecinos, pescadores y visitantes. Por ello, se insistió en que toda remoción de materiales debe canalizarse hacia puntos de acopio autorizados y bajo supervisión de las autoridades competentes.
En paralelo, se anunció que se reforzarán los operativos de vigilancia en zonas costeras, riberas de ríos y quebradas cercanas a áreas urbanas afectadas por los terremotos, con el fin de detectar a tiempo cualquier intento de utilizar estos espacios como vertederos improvisados. Se prevé la participación de cuerpos de seguridad, autoridades ambientales y, en algunos casos, funcionarios municipales y regionales para documentar infracciones y levantar expedientes sancionatorios. También se ha pedido la colaboración de las comunidades, animándolas a denunciar de manera inmediata a quienes aprovechen la emergencia para deshacerse de los escombros de forma ilegal.
Las autoridades han subrayado que la emergencia sísmica no suspende la obligación de respetar la normativa ambiental y que la gestión responsable de los desechos es parte de la respuesta organizada al desastre. En ese sentido, se han divulgado orientaciones sobre el manejo de materiales, el uso de camiones y equipos para traslado de escombros y la ubicación de zonas de descarga permitidas. El mensaje oficial es claro: el país enfrenta una reconstrucción compleja, pero esta no puede hacerse a costa de contaminar playas y ríos ni de crear nuevos riesgos para la población.
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