El economista Miguel Rodríguez, exministro de Planificación y figura clave de la reestructuración de la deuda venezolana de finales de los años ochenta, volvió al centro del debate público al cuestionar las cifras y la narrativa que se manejan hoy sobre la deuda externa venezolana. Rodríguez rechaza de plano el monto de 240.000 millones de dólares que algunos informes internacionales atribuyen al país y lo describe como una cifra “exagerada” que busca presentar a Venezuela como una nación quebrada y humillada frente a sus acreedores.
En sus pronunciamientos recientes, el exministro sostiene que “le están colocando a Venezuela una deuda que no le corresponde”, construyendo una historia en la que el país aparece como uno de los peores casos de default soberano del mundo, sin considerar su trayectoria como acreedor neto durante buena parte de su ciclo petrolero. A su juicio, los cálculos actuales de la deuda ignoran activos, compensaciones y compromisos cruzados, mientras suman bonos impagos, laudos arbitrales, préstamos bilaterales y obligaciones de PDVSA de forma homogénea, lo que distorsiona la verdadera dimensión del problema.
La discusión se produce en medio del anuncio oficial de un proceso “integral y ordenado” de reestructuración de la deuda pública externa y de PDVSA, presentado por el gobierno de Delcy Rodríguez como un paso clave para normalizar la situación financiera del país tras casi una década en cesación de pagos. Venezuela dejó de honrar buena parte de sus bonos en 2017 y atribuyó el incumplimiento a las sanciones estadounidenses, mientras los intereses acumulados, las demandas por expropiaciones y los litigios internacionales dispararon el monto de sus pasivos mucho más allá del valor original de la deuda. Distintas estimaciones ubican el total en una banda de entre 145.000 y 170.000 millones de dólares, aunque algunas proyecciones y filtraciones elevan la cifra hasta los 240.000 millones, convirtiéndola en una de las mayores reestructuraciones soberanas de las últimas décadas.
Rodríguez no solo cuestiona las cifras, sino también el mecanismo escogido para negociar. Ha calificado como contrato “basura” y “vagabundería” el acuerdo de asesoría financiera otorgado a la firma estadounidense Centerview Partners, valorado en 150 millones de dólares, para acompañar el proceso de reestructuración de la deuda venezolana. Asegura que estos honorarios representan un “despojo” al patrimonio nacional y que esos recursos deberían destinarse a atender la emergencia social, en lugar de pagar intermediarios internacionales. En su opinión, cualquier negociación futura debería estar liderada por especialistas venezolanos con conocimiento profundo de la realidad interna y sin vínculos con intereses políticos externos, replicando la experiencia de 1989, cuando él mismo presentó el V Plan de la Nación ante más de mil banqueros en Nueva York y encabezó lo que describe como la reestructuración de deuda más amplia de América Latina con apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Otro foco de tensión es precisamente el papel del FMI en el nuevo proceso. Mientras varios economistas plantean que una renegociación de esta magnitud requerirá un esquema largo y complejo bajo el paraguas del Fondo —para dar credibilidad a las cifras y al reparto de responsabilidades—, Rodríguez advierte que el análisis de sostenibilidad que se prepara para Venezuela no cuenta todavía con la firma formal del organismo. Esa ausencia refuerza, según él, la sensación de opacidad en la arquitectura técnica del plan y alimenta la sospecha de que se pretende convalidar una deuda inflada sin realizar primero una verdadera auditoría independiente que determine qué parte de esos compromisos debe reconocerse y bajo qué condiciones.
En paralelo, la apertura regulatoria desde Estados Unidos ha permitido que bancos de inversión, bufetes y consultoras globales ofrezcan servicios de asesoría a Venezuela y a PDVSA en materia de reestructuración de deuda, lo que convierte al país en un nuevo frente de negocio para firmas financieras de gran tamaño. Sin embargo, el volumen de los pasivos, la complejidad jurídica de los litigios y la brecha entre las distintas estimaciones hacen que muchos analistas consideren difícil cerrar un acuerdo de fondo en el corto plazo, apuntando más bien a un proceso largo y políticamente sensible que podría marcar el rumbo económico de varias generaciones de venezolanos. En ese contexto, las denuncias de Miguel Rodríguez se han convertido en una voz incómoda para el relato oficial sobre la reestructuración: advierte que sin un recálculo serio de la deuda y sin transparencia sobre quién la negocia y a cambio de qué, Venezuela corre el riesgo de aceptar una etiqueta de país hipotecado por cifras que —según él— no reflejan la realidad.
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