Dos integrantes del equipo de seguridad de María Corina Machado, Milciades Ávila y Edwin Moya, así como el activista Julio Velazco, fueron excarcelados en Caracas en el marco de la Ley de Amnistía aprobada recientemente por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo. El partido Vente Venezuela, que lidera la Nobel de la Paz 2025, confirmó las liberaciones y las presentó como un alivio para las familias y “una señal de que la presión y la firmeza dan resultados”, aunque advirtió que la meta sigue siendo que todos los presos políticos salgan en libertad plena.
Ávila y Moya, escoltas de Machado, estaban detenidos desde septiembre de 2024, en plena crisis desatada tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro el 28 de julio de ese año, cuando se multiplicaron las protestas y las detenciones selectivas de dirigentes y colaboradores de la oposición. Julio Velazco, por su parte, fue arrestado el 2 de septiembre de 2025 y, según denunció Vente Venezuela, permaneció 47 días en condición de desaparición forzada, sin que sus familiares ni su defensa supieran dónde estaba recluido ni bajo qué cargos exactos se le procesaba.
Las excarcelaciones se produjeron la tarde del lunes 2 de marzo, en una jornada de liberaciones reportadas en centros como la antigua Zona 7 de Boleíta y el Internado Judicial de Yare. Además de Ávila, Moya y Velazco, fueron puestos en libertad Reinaldo Emilio Gutiérrez Martínez y su hijo Reinaldo Andrés Gutiérrez, ambos colombianos del departamento del Cesar, así como otros detenidos por motivos políticos o conexos, según reseñó la prensa local. El movimiento se dio apenas un día después de la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, preso por más de 400 días en El Rodeo I y convertido en caso emblemático de presión internacional.
En un comunicado difundido en redes sociales, Vente Venezuela subrayó que las imágenes de Ávila, Moya y Velazco reencontrándose con sus familias representan “un alivio” y “un paso más en la lucha por la justicia en Venezuela”, pero insistió en que no se trata de concesiones graciosas sino de derechos largamente vulnerados. “¡Seguimos! Hasta que todos los presos políticos sean libres”, remarcó la organización al enmarcar estas salidas en la ofensiva nacional e internacional que acompaña la transición tras la captura de Maduro el 3 de enero.
El contexto inmediato es la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que abre la puerta a excarcelaciones masivas de personas procesadas o condenadas por motivos políticos desde 1999. En la práctica, la norma se ha traducido en oleadas de liberaciones por tandas, en las que se mezclan presos claramente identificados como presos de conciencia con otros detenidos por causas menos visibles, mientras organizaciones como Foro Penal y partidos opositores siguen reclamando un listado completo y la libertad de centenares de personas que aún permanecen tras las rejas.
El caso de Velazco ilustra buena parte de las irregularidades que caracterizaron la etapa previa. De acuerdo con denuncias de su hijo y de Vente Venezuela, el activista estuvo semanas sin acceso a abogados ni visitas, sin notificación formal de su lugar de detención y sometido a un proceso opaco, en un patrón de desaparición forzada de corta duración documentado en decenas de casos por ONG de derechos humanos. Ávila y Moya, por su parte, fueron arrestados en medio de la ofensiva contra el entorno directo de Machado después de las protestas por los resultados del 28 de julio de 2024 y formaban parte del grupo de colaboradores más cercanos a la dirigente.
Las liberaciones llegan en paralelo al anuncio de la propia Machado de que regresará al país “en pocas semanas” para asumir un rol protagónico en la transición, tras meses de gira internacional. Analistas señalan que la excarcelación de su círculo de seguridad —sumada a la liberación previa de colaboradores como el abogado Perkins Rocha y dirigentes como Juan Pablo Guanipa— envía una señal política de apertura controlada: se busca rebajar la presión internacional y preparar el terreno interno antes de su retorno, sin desmontar del todo los mecanismos de control judicial.
Para las familias, la prioridad inmediata es que estas excarcelaciones se conviertan en libertades plenas y no solo en medidas condicionadas. En el caso de Rocha, por ejemplo, su esposa recordó que salió con “cautelares muy estrictas”, lo que se ha repetido en otros patrones de liberación donde persisten prohibiciones de salida del país, presentaciones periódicas y causas abiertas. Vente Venezuela y otras organizaciones insisten en que la justicia real pasa por anular esos expedientes y reconocer el carácter político de las detenciones, no solo por abrir la puerta de la cárcel.
En ese sentido, las excarcelaciones de Ávila, Moya y Velazco son recibidas como victorias parciales en una lucha más larga. Alivian el sufrimiento de tres familias y devuelven a la calle a personas que nunca debieron estar presas, pero no borran los meses de encierro, incomunicación y miedo, ni la estructura de represión que los llevó allí. Mientras se multiplican los comunicados oficiales celebrando la amnistía, los testimonios de estos excarcelados y de sus allegados recuerdan que, detrás de cada “liberación”, hay una historia de secuestro político que todavía espera verdad, reparación y garantías de no repetición.