Familiares de presos políticos se concentraron frente al Ministerio para el Servicio Penitenciario, en Caracas, para denunciar las condiciones inhumanas en las que se encuentran sus seres queridos y exigir el fin de las torturas y tratos crueles en distintos centros de reclusión del país. Los manifestantes responsabilizaron directamente a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y a autoridades del sistema penitenciario por los abusos, que van desde castigos físicos y aislamiento prolongado hasta restricciones extremas a las visitas familiares. Voces como la de Andreina Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), reiteraron que estas denuncias son “constantes” y que el ministerio “no ha querido hacer las cosas distintas”.
Los familiares advirtieron que ellos mismos son sometidos a tratos degradantes cuando acuden a las cárceles: relatan que son trasladados encapuchados dentro de las instalaciones y que solo pueden ver a los detenidos “a través de un vidrio y un teléfono”, lo que convierte cada visita en una experiencia humillante y de control psicológico. En la protesta se destacó el caso de Josnar Baduel, recluido en Rodeo I, a quien su hermana considera en “riesgo inminente de muerte” por las condiciones de reclusión, que describió como de “horror”, sumadas a antecedentes de maltrato durante su paso por el Sebin. También se denunció desnutrición y deterioro severo de la salud de presos en sitios como Fuerte Guaicaipuro, donde, según testimonios, “los conseguimos desnutridos, los dientes se les están cayendo”.
Organizaciones de derechos humanos como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos y el Observatorio Venezolano de Prisiones sostienen que estas prácticas constituyen tortura y trato cruel sistemático, y que el Ministerio de Servicio Penitenciario actúa como “cómplice” a través de grupos como el Sesma, unidad adscrita a la Dgcim que opera dentro de los recintos carcelarios. La protesta en Caracas se sumó a recientes advertencias del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien expresó su “profunda preocupación” por la persistencia de torturas y malos tratos contra detenidos en Venezuela, pese a la aprobación de una Ley de Amnistía. Según la ONG Foro Penal, aún 508 personas siguen privadas de libertad por motivos políticos, lo que evidencia que los problemas son estructurales y sistémicos en el sistema penitenciario venezolano.