Amnistía Internacional (AI) alertó que la nueva Ley de Amnistía en Venezuela está diseñada de forma que termina favoreciendo al régimen chavista, en lugar de garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos. La organización y otros expertos en justicia transicional advirtieron que el texto no parte del reconocimiento de que en el país hubo persecución política, detenciones arbitrarias y crímenes graves, sino de una narrativa de “reconciliación” que presenta la medida como un gesto de clemencia del poder hacia opositores acusados de delitos. En la práctica, señalan, esto debilita la denuncia internacional contra el aparato represivo del chavismo y puede ser utilizado como argumento para intentar cerrar causas abiertas en instancias como la Corte Penal Internacional.
Uno de los puntos más cuestionados es que la ley permite borrar registros y antecedentes de las personas beneficiadas, lo que, según organizaciones de derechos humanos, supone un riesgo de impunidad estructural. AI y otras voces recuerdan que en los procesos de justicia transicional la preservación de archivos, expedientes y evidencias es clave para reconstruir patrones de persecución y establecer responsabilidades, por lo que eliminar esa información contradice los estándares internacionales de memoria, verdad y no repetición. También se critica que el texto no garantiza el derecho a la reparación integral ni ordena investigar de oficio las violaciones de derechos humanos que dieron origen a muchos de esos casos, limitando la ley a un “perdón jurídico” sin procesos de verdad ni rendición de cuentas.
La norma, además, incluye un amplio régimen de exclusiones que deja por fuera a personas acusadas —muchas veces sin debido proceso— de promover o favorecer supuestas acciones armadas o de fuerza con apoyo extranjero, cláusula que el chavismo ha usado reiteradamente para perseguir a dirigentes como María Corina Machado. Expertos citados por la prensa internacional señalan que se trata de una “amnistía hecha por los mismos victimarios”, que se reservan la facultad de decidir quién puede ser liberado y quién no, manteniendo presos políticos e inhabilitaciones clave mientras se proyecta hacia afuera una imagen de apertura. Desde una óptica estrictamente constitucional, algunos juristas sostienen incluso que la sociedad democrática debería desconocer integralmente esa ley, porque aceptar sus efectos implica convalidar el relato oficial y debilitar la lucha por justicia ante foros internacionales.