En un país donde 43 medios digitales están bloqueados y la censura se aplica con un combo de Conatel, Cantv y tribunales, a alguien en el postmadurismo le pareció buena idea nombrar a Indira Urbaneja como voz respetable para hablar de “verdad” y “responsabilidad” en internet. La misma figura que se vendió durante años como abogada, politóloga y asesora política –títulos que muchos sospechan salieron de la misma caja de jabón donde venían los cartones profesionales exprés de la era chavista– ahora aspira a ascender un peldaño más: de operadora comunicacional del régimen a una suerte de “jefa de periodistas” con poder para decidir qué portal es serio y cuál merece ser apagado.
El “gran registro” de portales: manual básico de ley mordaza 2.0
En un foro sobre medios, Urbaneja propuso avanzar hacia un “gran registro nacional de portales digitales”, donde los sitios “deban cumplir compromisos con la verdad” para poder operar. Traducido del chavismo al castellano: una lista negra/blanca para que el gobierno de Delcy Rodríguez sepa exactamente quién publica qué, quién incomoda y a quién hay que llamar, bloquear o citar a Fiscalía cuando una nota salga del libreto oficial.
El SNTP lo dijo sin maquillaje: “exigir un registro obligatorio a medios digitales no responde a ninguna necesidad técnica, sino a una lógica de control”. En internet no hay “espectro” que administrar como en la radio y la TV; pedir permiso para existir es, simplemente, censura previa. Pero para la “reina del bótox”, la preocupación no es que haya bloqueos, cierres y persecución contra medios críticos, sino que hay portales que “no asumen responsabilidades” y se atreven a publicar noticias que no acarician la narrativa de Miraflores.
Ley del Ejercicio del Periodismo para unos… silencio cómplice para otros
En sus declaraciones, Urbaneja recordó que los periodistas ya tienen un código de ética y leyes que los regulan, en alusión a la Ley del Ejercicio del Periodismo, y sugirió que los portales deben someterse a algo similar. Curiosamente, en ese repaso jurídico exprés se le olvidó mencionar a toda la legión de “comunicadores populares”, locutores, anclas de VTV, panfletos de gobernaciones y “influencers” enchufados que todos los días hacen campaña, difunden desinformación y linchan reputaciones desde medios oficiales, sin que nadie los llame a capítulo.
Para ellos no hay discurso sobre “registro”, “compromisos con la verdad” ni “responsabilidad posterior”. Tampoco hay preocupación por el uso de recursos públicos para financiar propaganda, por el acceso desigual a la pauta oficial o por el hecho de que el aparato comunicacional del Estado funcione como una máquina de guerra política contra quien critique a Delcy Rodríguez y su entorno. La vara solo se alza cuando se trata de portales independientes que investigan corrupción, documentan abusos, o se atreven a contar que la transición no es tan “idílica” como la pintan en los noticieros oficiales.
Registro para medios críticos, barra libre para los 30 portales de cartón piedra
Mientras Indira vende su “gran registro nacional”, Cazadores de Fake News documentó algo mucho más revelador: alguien creó 30 sitios web y más de 90 cuentas en redes sociales para montar una red de falsos noticieros pro-Delcy Rodríguez. Se trata de una operación donde actores argentinos posan como anclas de noticias en YouTube, respaldados por portales clonados y perfiles de Instagram y Facebook que publicaron más de 11.000 artículos en un mes, casi todos diseñados para lavar la imagen de Delcy y empujar propaganda disfrazada de información.
Es decir: mientras la “abogada chimbín” pide que se registre y vigile a los medios que existen de verdad, nadie en el gobierno parece tener apuro por investigar quién pagó la red de noticieros de cartón piedra, quién los contrató, de qué partida salió el dinero y bajo qué marco legal se produce esa campaña masiva de desinformación. En el mundo de Indira, el problema no es la operación digital que fabrica “noticias” a la medida de Delcy, sino los portales que exponen que eso está ocurriendo.
De operadora del régimen a “jefa” de periodistas
Que sea precisamente una operadora comunicacional del chavismo quien proponga el registro de portales es, en sí mismo, una declaración de intenciones. No estamos ante una académica independiente preocupada por la calidad informativa, sino ante alguien que forma parte de la Comisión para la Convivencia Democrática y la Paz, órgano nombrado desde el poder, y que habla de “verdad” mientras guarda silencio sobre bloqueos, cierres, detenciones y juicios contra periodistas.
Es el clásico guion del “postmadurismo”: se ofrece una transición cosmética, se habla de reconciliación y se promete apertura, pero al mismo tiempo se afilan las herramientas para controlar el ecosistema digital, domesticar a los medios críticos y asegurarse de que la narrativa oficial sea la única que llegue masivamente a la gente. Y en ese esquema, Indira Urbaneja se presenta como pieza ideal: lo suficientemente leal al poder para no hacer preguntas incómodas, y lo bastante mediática como para vender la mordaza como si fuera “autorregulación responsable”.
Si la historia reciente sirve de guía, el libreto ya lo conocemos: primero viene el registro “voluntario”, luego aparecen beneficios y privilegios para los portales “alineados”, después llegan las trabas, amenazas y sanciones para quienes se nieguen a inscribirse, y al final terminamos con una lista oficial de quién puede hablar y quién debe ser apagado. Que todo esto lo impulse alguien conocida en redes como “la reina del bótox” solo añade un nivel extra de ironía: en un país donde el periodismo se ha hecho con salarios de hambre, bloqueos y riesgo personal, la nueva aspirante a jefa de periodistas es una operadora que confunde libertad de expresión con licencia para la propaganda.