Aunque la subasta judicial de Citgo Petroleum en el tribunal de Delaware parece haber entrado en su fase final, el desenlace no está completamente cerrado y la pelea legal por el principal activo externo de Venezuela sigue abierta, advierte un análisis publicado por El Nacional. El texto recuerda que el juez federal Leonard P. Stark aprobó en noviembre de 2025 la venta de las acciones de PDV Holding –matriz de Citgo– a la empresa Amber Energy, por unos 5.900 millones de dólares, para pagar reclamaciones de más de 15 acreedores que alegan deudas y expropiaciones impagas por parte del Estado venezolano. Sin embargo, todavía quedan recursos pendientes en instancias de apelación, autorizaciones regulatorias y decisiones sobre cómo se repartirán exactamente los fondos, lo que da margen para nuevas maniobras jurídicas.
El artículo explica que la batalla por Citgo comenzó hace años con el caso de la minera canadiense Crystallex, que obtuvo un laudo arbitral por la expropiación de su proyecto en Venezuela y logró que tribunales estadounidenses declararan que PDV Holding es un “alter ego” de la República, es decir, que sus acciones pueden ser embargadas para cobrar deudas del Estado. A partir de ese precedente, otros acreedores –entre ellos compañías como ConocoPhillips y tenedores de los bonos PDVSA 2020– se sumaron al proceso en Delaware, hasta conformar un grupo que reclama cerca de 19.000 millones de dólares. Para tratar de ordenar el caos, el juez Stark diseñó una subasta judicial de las acciones de PDV Holding, cuyo resultado provisional fue la selección de Amber Energy como mejor postor, con una oferta que incluye además un pago directo de 2.100 millones de dólares a los dueños de los polémicos bonos 2020.
Sin embargo, la operación aún no se ha consumado totalmente. Por un lado, la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.) ha tenido que emitir y prorrogar licencias que permiten avanzar en la subasta, y conserva la potestad de autorizar o no movimientos finales sobre las acciones, lo que introduce un componente político y diplomático en el proceso. Por otro, la representación venezolana ha presentado recursos ante la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, cuestionando la validez de la calificación de “alter ego”, la amplitud del grupo de acreedores y la manera en que se organizó la venta, en un intento por revertir o, al menos, limitar el impacto del fallo de Delaware.
El Nacional subraya que, incluso si la venta a Amber Energy se termina concretando, todavía queda por definir cómo se distribuirá el dinero entre los distintos acreedores y si Venezuela logra conservar algún tipo de participación o derecho residual sobre Citgo. Expertos citados en el análisis sostienen que la narrativa de que “Citgo ya se perdió” es apresurada: el país ha sufrido un revés muy serio, pero hay espacio para negociar descuentos, reestructurar reclamos y, eventualmente, recomprar o recuperar activos si se construye una estrategia coherente a mediano plazo. La conclusión es amarga pero no definitiva: el despojo avanza, pero la batalla legal y política por Citgo no ha terminado ni está totalmente perdida.