La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó a las autoridades venezolanas a garantizar que el proceso de designación del fiscal general de la República y del defensor del pueblo cumpla con estándares básicos de transparencia, mérito e independencia. En un comunicado difundido por el secretario general Albert Ramdin, el organismo recordó que se trata de cargos clave para la administración de justicia y la protección de los derechos humanos, por lo que su elección debe hacerse con reglas claras, participación ciudadana y escrutinio público real.
La OEA hizo este llamado en un contexto de fuertes cuestionamientos al procedimiento que adelanta la Asamblea Nacional, donde organizaciones civiles denuncian la ausencia de un reglamento público, un cronograma detallado y criterios conocidos para evaluar a los aspirantes. Plataformas como Acceso a la Justicia y otras ONG han advertido que el Comité de Postulaciones está integrado solo por diputados, sin representación de distintos sectores de la sociedad, lo que reduce la pluralidad y abre la puerta a decisiones discrecionales más que a una selección basada en méritos y probidad.
El pronunciamiento de la OEA se suma a las advertencias recientes de expertos de la ONU, que también reclamaron un proceso “transparente y basado en mérito” tras dos décadas de designaciones marcadas por el control político del Ministerio Público. Voceros de la sociedad civil señalan que la forma en que se elijan al nuevo fiscal y al defensor del pueblo será una prueba clave de reinstitucionalización en la etapa posterior a la caída de Nicolás Maduro, luego de años en que estas instancias fueron usadas como instrumentos de persecución política.